En una medida que ha sorprendido a la comunidad digital de España, la Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, ha dictaminado el bloqueo provisional de la aplicación de mensajería Telegram. Esto se produce tras una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan a la plataforma de albergar contenido protegido por derechos de autor sin contar con el permiso correspondiente.
## **Detalles de la decisión judicial**
La decisión de Pedraz llega después de que Telegram no respondiera a los requerimientos previos efectuados por el magistrado. Se espera que, a más tardar en dos días tras el fallo, las operadoras de telecomunicaciones españolas procedan a implementar el bloqueo, lo que dejaría a esta popular aplicación fuera del alcance de los usuarios españoles.
Telegram, que fue fundada en 2013 por el empresario ruso Pável Dúrov, cuenta con aproximadamente 900 millones de usuarios a nivel global, de los cuales unos 8,5 millones se encuentran en España. Esta aplicación ganó relevancia por ofrecer una plataforma de comunicación segura, especialmente valorada por activistas, aunque también ha sido punto de controversia por la presencia de canales con contenido extremista.
## **Las razones detrás del bloqueo**
El juez acusa a Telegram de contener también material con derechos de autor sin los permisos de sus legítimos propietarios, lo que ha motivado esta medida cautelar inédita en Europa y que representa uno de los desafíos más significativos para la aplicación desde su creación.
## **Reacciones ante la medida**
La organización FACUA-Consumidores en Acción ha calificado la decisión de “absolutamente desproporcionada”, advirtiendo de los posibles perjuicios que podría generar tanto para los millones de usuarios como para entidades que usan la plataforma de forma lícita. Comparan esta medida con la idea de cerrar internet por la existencia de webs que violan derechos autorales o apagar la señal de televisión debido a cadenas piratas.
Hasta ahora, Telegram no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a esta medida judicial, pese a los intentos de contactar con ellos para obtener declaraciones.
Este acontecimiento marca un precedente significativo en el tratamiento de plataformas digitales y contenido en línea en España. La comunidad de usuarios y las entidades afectadas ahora esperan los desarrollos siguientes a esta decisión judicial.
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