Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) exige respeto a su trabajo y rechaza la publicación de noticias que cuestionan la actuación de los magistrados como las aparecidas desde finales de junio en diversos medios de comunicación nacionales y autonómicos.
De esta forma, el Alto Tribunal gallego ha aplicado una severa reprimenda pública a diversos representantes del PP en la Xunta de Galicia, así como a la energética Greenalia, la Asociación Empresarial Eólica de Galicia (EGA), la Confederación gallega de Empresarios (CEG) y al sector industrial de CCOO a nivel territorial, que en una actitud muy difícil de explicar se ha unido en último término a esta corriente crítica emanada del poder corporativo de las grandes empresas del oligopolio eléctrico frente a las sentencias contrarias de los tribunales contra la autorización de proyectos como el de los parques eólicos del Iribio, Sasdónigas o más recientemente el Campelo, Bustelo o Monte Toural.
En un comunicado emitido desde la web oficial del Poder Judicial los magistrados se muestran “en la obligación de recordar” que “la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y de la democracia” por lo que, por lo tanto, “su respeto por parte de las Administraciones públicas y de la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y todo “sin perjuicio de que quienes están disconformes con las resoluciones judiciales utilicen los medios que les garantiza la legislación procesal”.
Para los jueces, la independencia de actuación es un factor esencial para mantener la separación de poderes al actuar como un contrapeso al ejecutivo y legislativo, garantizando que ninguna de las ramas de un sistema democrático pueda ejercer un control indebido sobre las demás. Por este motivo, desde el Poder Judicial rechazan las presiones externas e injerencias políticas en el eólico o en cualquier otro ámbito.
Por otra parte, la libertad de actuación conforme a derecho proporciona un control efectivo sobre el poder político y sirve para evitar los abusos o arbitrariedades por parte de los gobernantes o intereses empresariales con ánimo de lucro. Así, desde el TSXG reclaman del derecho de operar tomando decisiones basadas en la Ley y en las evidencias presentadas, y consideran inaceptable cualquier tipo de interferencia en aras de defender los derechos de las personas y entidades reclamantes.
