Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha propuesto que los robos de móviles estén castigados con pena de cárcel. No es casual que Junts acuda al populismo punitivo justo cuando se percibe una presión por parte de Aliança Catalana. Tradicionalmente, el crimen ha sido una constante en las sociedades, pero la forma de abordarlo revela mucho sobre los valores y principios de quienes proponen soluciones.
La propuesta apela a un enfoque más punitivo, alejándose de análisis que consideren elementos como la desigualdad social y la migración de una manera multidimensional. Se plantea un giro hacia legislaciones más severas, que, sin una perspectiva de clase, podría implicar un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables, protegiendo los intereses de los más privilegiados.
En contraposición, existen aproximaciones al fenómeno de la delincuencia que sugieren medidas menos inmediatistas y más enfocadas en atajar las causas subyacentes. Entre estas, destacan las que proponen combatir la pobreza estructural como medio de prevención del delito. Esta visión aboga por una redistribución de recursos que asegure que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, evitando así que la delincuencia se convierta en una opción de supervivencia.
Estados Unidos sirve como referente de un modelo que, a pesar de la dureza de sus penas, no ha conseguido erradicar la delincuencia. Este ejemplo ofrece una perspectiva crítica sobre la eficacia de las políticas puramente punitivas frente a estrategias que buscan entender y mitigar las causas profundas de la delincuencia.
La convergencia de estos enfoques en el debate público catalán invita a una reflexión más amplia sobre las políticas de seguridad y justicia, y sobre cómo estas pueden armonizarse con los principios de equidad y justicia social.
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