Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
El Gobierno ha anunciado recientemente dos medidas relacionadas con la vivienda, en respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos. La vivienda se ha convertido en un tema central en la precampaña electoral, tras la publicación de una encuesta realizada por el diario El País que reflejaba las estimaciones de voto y las principales preocupaciones de los españoles. El costo de la vivienda y la dificultad para acceder a ella se encontraban entre las preocupaciones más importantes.
El Gobierno ha anunciado que desbloqueará la ley de vivienda pactada con sus socios y movilizará 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado del alquiler a precios asequibles. Estas medidas tienen un gran significado político en España, donde la escasez de vivienda social es una constante desde la década de los 90, cuando comenzó a disminuir sin freno.
En la década de los 80 se construyeron en España más de un millón de viviendas sociales, pero en la década pasada, entre 2011 y 2019, solo se construyeron 167.479. En total, se construyeron 838.952 viviendas sociales menos para una población que creció en 9.390.007 habitantes, según los datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo del año 2020.
La falta de vivienda social en España ha llevado a una crisis en el mercado inmobiliario y a una subida de los precios de la vivienda. La mayoría de los españoles que no pueden permitirse una vivienda propia se ven obligados a alquilar, pero los altos precios de los alquileres y la falta de regulación han provocado una situación insostenible para muchos.
El problema de la vivienda en España es especialmente acuciante en las grandes ciudades, donde los precios del alquiler son los más elevados. La falta de vivienda social y la especulación inmobiliaria han contribuido a la gentrificación de algunos barrios y a la expulsión de los vecinos de toda la vida. En este sentido, el Gobierno español ha anunciado una medida para limitar el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, pero esta medida no ha sido bien recibida por algunos sectores de la sociedad.
A pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno, algunos expertos señalan que la solución al problema de la vivienda en España requiere un enfoque más amplio y a largo plazo.
Josep María Raya, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, ha afirmado a El HuffPost que «por mucho que se haya hablado de vivienda, no ha sido una prioridad política. De hecho, sigue sin serlo. Porque la prioridad se demuestra en términos de partida presupuestaria y dedicamos aproximadamente un tercio de lo que dedica la UE en promedio».
Algunos expertos han propuesto medidas como la creación de un parque público de viviendas en alquiler, la eliminación de la especulación inmobiliaria y la reforma del mercado hipotecario. Además, se ha pedido al Gobierno que adopte un enfoque más proactivo en la lucha contra la gentrificación y la expulsión de los vecinos de toda la vida.
En cualquier caso, es evidente que el problema de la vivienda en España requiere una solución urgente y a largo plazo. «Actualmente el parque de viviendas en alquiler social ronda las 300.000. Es una buena inyección subir a 350.000. Para estar en la media europea, deberíamos estar sobre el 1.500.000 y para estar donde queremos en 3.000.000», ha señalado Raya.
Por su parte, Mónica Melle, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, ha manifestado que «las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y algunas de ellas ya han mostrado su oposición a tomar cartas en el asunto, el Estado pone los recursos, pero son las comunidades las que deben ejecutarlos».
Además, tal y como detalla en un reportaje el diario 20minutos, solo el 15% de ellas se encuentran en las capitales de provincia.
Fuentes de Moncloa han precisado a Europa Press, que el Gobierno pondrá a disposición de municipios y comunidades autónomas 21.000 viviendas e impulsarán el alquiler social de otras 14.000 ya habitadas de ese parque. Además, promoverán la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.
