Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
Este miércoles, el barco designado para investigar el incidente del Villa de Pitanxo en aguas de Canadá zarpó del puerto de Vigo sin el consenso de los familiares de las víctimas. Ante esta situación, los afectados han solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que ordene el regreso del Ártabro.
Varios colectivos, entre ellos los sindicatos, se han posicionado junto a las familias. CCOO ha emitido un comunicado en el que lamenta el sufrimiento causado por las acciones del Gobierno de España a los afectados por este naufragio.
Además, abogan por una investigación rigurosa y no ponen en duda que corresponde a la Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción número 2, investigar lo sucedido con el Villa de Pitanxo.
Tanto el Partido Popular de Galicia como a nivel nacional se sumaron a las reclamaciones al Gobierno central y han dirigido una “ofensiva parlamentaria” hacia Moncloa para esclarecer las irregularidades detectadas.
Han planteado casi una decena de preguntas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Entre ellas, cuestionan las razones por las que el buque Ártabro partió del puerto de Vigo sin autorización y conocimiento del juez instructor, así como la ausencia de peritos judiciales a bordo.
La ministra Raquel Sánchez, que se encontraba este jueves en Galicia participando en un acto de campaña en Ferrol, ha insistido en la independencia de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) y ha desvinculado al Gobierno de Pedro Sánchez de la decisión de la partida del Ártabro, afirmando que es un órgano independiente funcionalmente y que el Gobierno ha colaborado plenamente con la justicia.
Ayer, las familias de las víctimas se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra en señal de protesta por la salida del Ártabro desde Vigo. La subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, ha respaldado al Gobierno central y ha afirmado que han cumplido con su responsabilidad desde el punto de vista del Gobierno.
Según explicó, la Audiencia Nacional solicitó documentación sobre el operativo el 8 de mayo, y el Gobierno la remitió el 10 de mayo, incluyendo el proyecto, el contrato y las previsiones de salida del barco. Aseguró que desde el punto de vista administrativo no había ningún inconveniente.
Además, señaló que el buque que investigará el pecio del Villa de Pitanxo cuenta con peritos judiciales, nombrados por la Audiencia Nacional y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), así como un observador de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima.
Respecto al otro perito que debía estar a bordo, la subdelegada del Gobierno informó que se encontraba fuera de España, pero se espera que se una a la misión en Terranova dentro de los ocho días que dura el tránsito.
La portavoz de las familias, María José de Pazo, señaló que sospechan que “tiene que haber algo detrás que no sabemos, algún motivo oculto para actuar de esta manera”.”Queremos que se diga la verdad”, añadió.
Asimismo, recordó que este operativo se produce gracias a que la Unión Europea amonestó al Gobierno de España y también al magistrado Moreno, por lo que entiende que después de 15 meses, “esto es una falta de respeto” para las víctimas.
