Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que determina que la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso, infringió competencias estatales al intentar restringir el acceso a la eutanasia para personas mayores discapacitadas.
Los magistrados del Tribunal, tanto conservadores como progresistas, han aceptado un recurso presentado por el Gobierno central y han anulado parte de la normativa que regulaba la acción de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), la cual requería autorización judicial para que una persona con discapacidad tutelada pudiera acceder a estos derechos.
La sentencia, una de las pocas dictadas por unanimidad en el Tribunal Constitucional en los últimos tiempos, sostiene que el gobierno madrileño se entrometió en competencias reservadas al Gobierno central.
“La regulación impugnada invade la competencia en materia procesal que corresponde al Estado, al regular cuestiones que le están vedadas”, explica el tribunal en un comunicado.
La suspensión, que ahora ha entrado en vigor, ya había sido admitida de forma cautelar desde junio, cuando se aceptó el recurso. En esencia, la normativa autonómica propuesta por el Ejecutivo madrileño choca directamente con las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
El Consejo de Ministros, al anunciar el recurso el pasado mayo, afirmó que la normativa madrileña “establecía limitaciones sobre los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia”, la cual fue aprobada recientemente por el propio Constitucional.
La norma madrileña requería autorización judicial para llevar a cabo cualquier acción que afectara el “derecho a la vida” de una persona discapacitada, una traba que, según la portavoz del gobierno nacional, Isabel Rodríguez, podía obstaculizar procedimientos tan cruciales como “intervenciones quirúrgicas o transfusiones de sangre”.
A su vez, la disposición adicional de la norma impugnada aseguraba que “cualquier acción que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad tutelada tendrá que estar sujeta a trámites de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial”. Según la deliberación del Constitucional, esta medida invade competencias estatales y choca directamente con la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada Concepción Espejel, considera que el artículo impugnado establece regulación procesal, ya que exige obtener autorización judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de una persona con discapacidad. “La norma invade el ámbito regulatorio del Estado en cuanto a la coordinación general de la Sanidad y también rompe la reserva a la Ley Orgánica para este tipo de materias”, establece el escrito.
Aunque el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta desde las últimas elecciones, estos choques con la Ley de Eutanasia que ahora resuenan tienen su origen en 2021, cuando la líder del Partido Popular pactó una serie de medidas con Vox que, entre otras cosas, se oponían a estas políticas.
La Ley de Eutanasia del Gobierno central fue aprobada en marzo de 2021. En noviembre del mismo año, se formó el gobierno madrileño con los votos a favor de Vox, para conseguirlos, el PP tuvo que ceder ante los postulados de la ultraderecha en temas como la seguridad, el aborto o la eutanasia. En concreto, en relación con este último punto, la Comunidad de Madrid se comprometió a aumentar la financiación para las áreas de cuidados paliativos.
En su momento, Rocío Monasterio justificó la necesidad de “aumentar las cantidades” para la asignación especial de cuidados paliativos, porque creen que “los mayores deben estar bien cuidados siempre, hasta el final”, mostrando claramente su oposición a la ley de Eutanasia.
Después de estas medidas, siguiendo una línea argumental en contra de la medida estatal, el gobierno del PP en Madrid, ya en solitario, aprobó una normativa que requería autorización judicial para realizar cualquier acción que afectara el derecho a la vida de las personas discapacitadas.
Esta normativa fue bloqueada por el Tribunal Constitucional, primero de manera provisional y ahora de forma oficial, por entrometerse en competencias estatales y sanitarias.
