El intento del fondo buitre Vauras de incriminar a la antigua alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y a dos de sus concejales ha sido en vano. Según un auto dictado por la jueza Carmen García, al que ha tenido acceso nuestro medio, este intento no ha sido más que un esfuerzo teatral para lograr un impacto mediático implicando a políticos en un procedimiento penal. Curiosa estrategia de un fondo que careció de escrúpulos al iniciar un procedimiento penal motivado por discrepancias con las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.
Una querella sin fundamentos
La jueza García declara no solo que ningún acto delictivo tuvo lugar, sino que la propia Colau no intervino ni en los expedientes que Vauras pretendía sancionar ni en las reuniones objeto de disputa. Según dichos autos, en las reuniones en cuestión “no se produjeron ni se sugirieron amenazas o coacciones”, invalidando así la tesis del fondo.
Por lejos que las políticas de vivienda del Ayuntamiento dirigido por Colau hayan afectado a los beneficios económicos de Vauras, la jueza señala que el “legítimo desacuerdo” y el posible “daño económico” no justifican arrastrar a figuras políticas hasta un proceso penal. También se aclara que no se dictaron en ningún momento “resoluciones prevaricadoras” por parte de los responsables municipales de Barcelona.
La acusaciones “carentes de sustento probatorio”
Es importante resaltar que esta no es la primera vez que Vauras se enfrenta al rechazo de sus querellas por falta de rigor. Ya en diciembre de 2020, la magistrada archivó otra querella infundada del mismo fondo buitre, poniendo en duda la validez de sus acusaciones. Y ahora, “Ni hubo presiones, ni hubo resoluciones dictadas injustamente como consecuencia de la negativa al alquiler social”, resuelve tajantemente la magistrada.
Causas pendientes, mayoritariamente archivadas
De las quince quejas o denuncias que recibió el equipo de Colau durante su mandato, ninguna ha llegado a juicio. La mayoría se han archivado. Curiosamente, la mayoría de las denuncias provenían de empresas, hoteleros o adversarios políticos de Colau. Parece ser que estas eran discrepancias que podrían haberse dirimido en la arena política, pero que inexplicablemente se trasladaron al ámbito penal.
La lucha por hacer valer los derechos de las personas más vulnerables y de la clase trabajadora a menudo se encuentra con obstáculos. Pero, como en este caso, los intentos de silenciar estas voces por aquellos que solo buscan proteger sus propios intereses suelen ser vanos. Al final, la verdad y la justicia no pueden ser ignoradas.
Foto: www.oidp.net
