Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
La futura ley de vivienda ha provocado tensiones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Tribunal Constitucional (TC), ya que Ayuso considera que la norma invade las competencias autonómicas. Este desacuerdo ha desplazado la atención de un hito en la historia política de Madrid: la anulación por el Tribunal Supremo, hace más de tres años, de la venta de 2.937 viviendas públicas de alquiler social al fondo buitre formado por Goldman Sachs y Azora, conocido como Encasa Cibeles.
La venta de viviendas públicas y las sentencias en contra
La venta de estas viviendas, que dejó a inquilinos de bajos recursos en manos de un fondo buitre y provocó desahucios en muchos casos, fue llevada a cabo por el gobierno de Esperanza Aguirre en 2013. A lo largo de los años, los tribunales han dictaminado en contra de esta venta, considerando que quebró la protección social y que el procedimiento de venta fue irregular.
Persistencia en la estrategia inicial
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que asumió el cargo cuatro meses antes de la sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2019, no ha roto con la estrategia inicial marcada por Aguirre. En 2022, la Comunidad de Madrid rechazó la solicitud del Defensor del Pueblo para realojar a los adjudicatarios de las viviendas del IVIMA que habían terminado en la calle tras la venta a Encasa Cibeles.
La difícil reversión de las viviendas al patrimonio público
A pesar de las sentencias en contra, el gobierno madrileño ha recurrido hasta el límite. En septiembre del año pasado, comenzaron a acatar las sentencias y anunciaron el inicio de la reversión de las viviendas al patrimonio público. Sin embargo, solo 1.700 viviendas pueden ser recuperadas, ya que el resto fueron vendidas por Goldman y Azora. La situación ha generado dificultades para los inquilinos que buscan recuperar las condiciones que tenían con el IVIMA.
Impacto en los inquilinos y situación actual
Según Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional de Madrid, muchos inquilinos se encuentran en un limbo, esperando documentos para regularizar su situación. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) estima que solo 500 de los inquilinos originales permanecerán en las viviendas.
