Junts per Catalunya ha iniciado acciones legales contra tres profesionales especializados en igualdad, tras un informe que ellos elaboraron y que contenía acusaciones de prácticas machistas dentro del grupo parlamentario. Estos expertos, una abogada, una psicóloga y un psicólogo, enfrentan una querella por injurias debido a los hallazgos presentados en su evaluación, realizada después de que la exdiputada Cristina Casol denunciara acoso y fuera posteriormente expulsada del partido.
Las personas implicadas en la elaboración del informe han sido citadas para declarar como investigadas el próximo 12 de abril en el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, según información proporcionada a elDiario.es por fuentes jurídicas. Este paso judicial ha sido interpretado por allegados a los denunciados como una forma de presión y represalia, que pretendería no solo cuestionar su profesionalismo, sino también disuadir la visibilidad de cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos de las mujeres. En respuesta a esta situación, el bufete Arrels, en el que labora una de las abogadas autoras del informe, ha solicitado protección al Colegio de la Abogacía de Barcelona.
El informe en cuestión, que llevó a la querella, no halló pruebas suficientes de las denuncias más graves de machismo planteadas por Casol contra el portavoz del grupo, Albert Batet. No obstante, identificó lo que describió como una “situación sistémica” de machismo, evidenciando un reparto de tareas anclado en roles patriarcales y una actitud de menosprecio hacia las acciones de sensibilización y formación en género, según adelantó El Periódico.
Frente a estas acusaciones, la querella interpuesta por Junts desestima algunos de los testimonios presentados por Casol, entre ellos, una situación en la que alegaba haber sido físicamente intimidada y despojada de responsabilidades dentro del grupo parlamentario por Batet. Además, califica las conclusiones de los expertos en igualdad como “afirmaciones gravemente ofensivas sin fundamento”, tanto hacia el grupo parlamentario de Junts como hacia el partido en general.
La querella argumenta que las conclusiones del informe se extienden indebidamente a todo el grupo parlamentario, acusando a los expertos de “negligencia profesional” y de extralimitarse en sus funciones. También señala que las investigaciones se concentraron únicamente en declaraciones de miembros de una facción minoritaria dentro del partido, supuestamente cercana a Laura Borràs, y sugiere que el informe final está sesgado a favor de este grupo.
Este caso surge en un contexto marcado por un “terremoto interno” en Junts, desencadenado por las denuncias de machismo por parte de Casol y Aurora Madaula, secretaria tercera de la Mesa del Parlament. La situación actual pone en relieve las complejas dinámicas internas del partido y plantea interrogantes sobre el manejo de las acusaciones de acoso y machismo dentro de las estructuras políticas.
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