En una última trinchera para detener la mercantilización desenfrenada de nuestras viviendas bajo la aplastante fuerza de la industria de los apartamentos turísticos, las comunidades de vecinos han obtenido la potestad de bloquear esta actividad económica en sus edificios, según un fallo emitido recientemente por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Una nueva forma de resistencia local
En medio del inmenso maremágnum que supone la cifra de apartamentos turísticos en España, estimada por el INE en unas 305.316 unidades solo en el último año, el Supremo ha reconocido que las comunidades de vecinos pueden ser una pieza clave en la limitación de su crecimiento. El Tribunal ha validado los vetos de dos comunidades de vecinos, en Oviedo y Donosti, que habían prohibido las actividades económicas en las viviendas de sus respectivos edificios.
El desafío de los apartamentos turísticos
El caso del emblemático edificio asturiano ‘La Jirafa’ en Oviedo y de otro edificio a orillas del río Urumea en Donosti, sirven como precedentes de esta lucha ciudadana contra la avalancha de pisos turísticos. Ambas comunidades de vecinos habían estipulado en sus estatutos la prohibición de destinar las viviendas a actividades económicas. A pesar de esta clara prohibición, empresas de alquiler turístico intentaron alquilar estas propiedades como vivienda turística de lujo, lo que provocó un conflicto judicial.
En medio de litigios y complicaciones, los casos llegaron hasta el Tribunal Supremo, quien finalizó dándole la razón a las comunidades de vecinos. Desde 2019, la ley posibilita que estas entidades puedan limitar o regular las actividades que se desempeñan en sus respectivas comunidades.
Las dos sentencias han concluido que explotar pisos turísticos puede considerarse una actividad económica susceptible de veto. El propio Supremo ha establecido que, bajo la autoridad de los estatutos, las comunidades de vecinos pueden prohibir la instauración de estos apartamentos turísticos.
En tiempos donde la economía prevalece sobre el bienestar ciudadano, esta sentencia resulta una pequeña victoria para aquellas comunidades que busquen tener voz y voto en el devenir de sus barrios y ciudades. Aun así, queda mucha lucha por delante en la regulación de un sector que impacta de manera directa en la vida diaria de nuestros vecinos y barrios.
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