En enero de este año, una operación del Ayuntamiento de Barcelona concluyó con el precinto de un apartamento turístico ilegal en la calle Valencia, en el corazón de l’Eixample. Este inmueble, sin embargo, retomó su actividad en cuestión de horas tras la retirada de las cintas adhesivas colocadas por las autoridades. Este piso forma parte de un conjunto de aproximadamente 70 apartamentos que están siendo explotados de manera ilegal por un grupo identificado como académicos y economistas, contra el cual el consistorio ha impuesto sanciones que ascienden a los 600.000 euros por diversificar inmuebles sin licencia y alquilarlos turísticamente sin permisos correspondientes.
Cambio de estrategia en el alquiler turístico
Ante las continuas sanciones y la presión ejercida por el Ayuntamiento, se ha observado un cambio significativo en la estrategia de alquiler de estos inmuebles. Parte de estos apartamentos han sido retirados del mercado turístico para ser ofrecidos en alquileres temporales, abarcando contratos de entre 32 días y 11 meses. Esta modalidad de arrendamiento, que ha ganado popularidad en Barcelona por su rentabilidad, no se encuentra tan regulada como el alquiler a largo plazo.
Desplazamiento hacia plataformas de alquiler de habitaciones
Como parte de su estrategia de diversificación, el mismo grupo ha optado por alquilar habitaciones individuales a través de plataformas como Badi, destinada a aquellos inquilinos en búsqueda de compañeros de piso. Esto representa otra faceta en el intento de estos operadores por mantener la rentabilidad de sus propiedades ante las restricciones cada vez más estrictas del ayuntamiento.
Venta de activos ante presión administrativa y mediática
La exposición mediática y las acciones administrativas han empujado a las empresas detrás de este entramado a deshacerse de algunos inmuebles, complicados de mantener dentro del espectro del alquiler turístico ilegal. Por ejemplo, el apartamento de la calle Valencia se puso a la venta por un valor cercano a los 700.000 euros. A pesar de que este fue dividido en dos apartamentos sin licencias de obras, se promocionaba como una “oportunidad de inversión” antes de ser precintado por el Ayuntamiento.
Reclamos de los vecinos y acción municipal
Los vecinos han jugado un papel crucial denunciando repetidamente las irregularidades, como la división ilegal de apartamentos y su explotación como pisos turísticos sin permiso. Aunque manifiestan sentirse desprotegidos, desde el consistorio se asegura que se realizan inspecciones posteriores al precintado para verificar el cese de la actividad ilegal. Además, se afirma que la sanción de 600.000 euros ya ha sido notificada y se está en proceso de resolver las alegaciones presentadas.
