Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
Entidades sociales y ecologistas como el Sindicato Labrego Galego (SLG) o la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana advierten de los riesgos de implementar una norma -la denominada ‘Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia’- que puede abrir en canal todo el territorio gallego a la instalación descontrolada de industrias extractivas.
Para el SLG el texto del anteproyecto de ley que el PP ha puesto en fase de exposición pública “ahonda en la desprotección de la población rural, posibilitando la fragmentación eólica y debilitando las declaraciones de impacto ambiental”. En la misma línea y para Salvemos Cabana, la norma “demuestra que o bien sus impulsores desconocen la situación que a día de hoy están viviendo las comunidades afectadas en el territorio gallego por proyectos extractivos o bien pretenden imponer, con un cinismo sin límites, una planificación industrial en la que la realidad sobre el terreno para nada va a corresponderse con la declaración de intenciones de su articulado”.
Desde la organización sindical recuerda que la aprobación de la ley tal como se ha planteado podría conllevar una serie de problemáticas de extrema gravedad para el territorio, como la eliminación del registro eólico de Galicia, el permiso de fragmentación de proyectos a los parques eólicos, la distorsión de las declaraciones de impacto ambiental al incluir en las mismas criterios económicos, el mal uso del agua, la ocupación de la tierra por negocios privados en detrimento del uso social de la tierra, la carencia de mecanismos de participación pública o la más que probable invasión de competencias municipales son solo algunos de los factores por los que el SLG rechaza de manera taxativa la propuesta.
Salvemos Cabana, por su parte, critica el borrador del anteproyecto de ley porque habla de conceptos como “tecnología avanzada”, el “respetar estrictamente las cautelas ambientales” o una “adecuada valoración del impacto social y económico” mientras que comunidades perjudicadas por toda Galicia están viviendo justamente lo contrario con las empresas eólicas y mineras: “tecnologías tercermundistas, deficiente o nulo control ambiental, injusticia continuada a nivel social y grave perjuicio económico”.
En el plano eólico, sin embargo, preocupa extraordinariamente para el colectivo lo que se contempla en el artículo 17 en relación con la declaración de proyectos de “especial interés público social y económico”, donde tal declaración “implicará la posible implantación” de los parques eólicos “fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico de Galicia” siempre que se considere “ambientalmente viable” y se cumplan determinados requisitos.
La entidad conservacionista explica que si bien la norma no aclara la prevalencia en relación con la protección de la Red Natura, esto significa que “en la práctica todo el territorio gallego es susceptible de ser invadido por aerogeneradores siempre que se cumplan determinadas condiciones, la principal de las cuales es el supuesto impacto económico, que puede facultar a la Administración autonómica a imponer proyectos por encima del legítimo interés de los pobladores del territorio”.
Por otra parte, advierten que toda Galicia puede convertirse en un “pozo extractivo” ya que el texto advierte que estos efectos “se extenderán a todas aquellas infraestructuras asociadas” que a nivel energético o minero la Xunta entienda que acreditan “especiales beneficios sociales y económicos”, gozando entonces de tramitación de urgencia y reduciendo a la mitad “los plazos establecidos para el procedimiento ordinario”.
Desde el punto de vista jurídico, el SLG señala que la norma traerá un “recorte democrático” sin precedentes a las comunidades, concretado en cuestiones como el hecho de que la lei no incorpora un apartado de definiciones, por lo que “todo queda a la arbitrariedad del poder ejecutivo”, en este caso de la propia Xunta.
La organización sindical indica que resulta llamativo que el texto aluda a la voluntad de compensar los impactos de la instalación de proyectos energéticos y mineros, ya que “se supone que proyectos con impactos significativos para la población y el medio ambiente no deberían de ser aprobados“.
Salvemos Cabana considera que frente a la situación generada por el Ejecutivo de la Xunta “solo cabe la protesta social y el ejercicio de la verdadera política en el Parlamento de Galicia, así como la actuación individual y colectiva presentando alegaciones al anteproyecto de Ley, cuyo plazo de entrega termina el día 6 de junio y es accesible desde ir.gl/formulariolrn.
Por su parte, la entidad ha puesto a disposición del público en ir.gl/alegalrn un modelo general de alegaciones a la norma susceptible de ser modificado y enriquecido con las aportaciones de la ciudadanía.
