Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
Cerca de 45.000 funcionarios de los juzgados de España están llamados a una huelga indefinida a partir del lunes 17 de abril. La medida fue convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, que exigen una subida salarial en línea con la pactada con los letrados de la administración de justicia, que recibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más.
Los funcionarios de justicia que harán huelga pertenecen al 93 % del personal de la administración de Justicia, y son en su mayoría de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, así como médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según ha explicado a EFE el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Luis Calero.
Los sindicatos exigen que se les incremente en su nómina el complemento general del puesto, «el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales», estén las competencias de Justicia transferidas o no.
Concretamente, y en la línea del acuerdo alcanzado con los letrados, piden que estas subidas sean de 430 euros brutos mensuales para los profesionales de la categoría A1 (médicos forenses y facultativos), 400 para el subgrupo A2 (Gestión Procesal y Administrativa, y técnicos especialistas de laboratorio), 375 para el C1 (Tramitación Procesal y Administrativa, y ayudantes de laboratorio) y 350 para el C2 (Auxilio Judicial).
Además, reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que cambiará cuestiones orgánicas de los servicios judiciales.
Según Calero, a partir de este lunes, y de forma indefinida, realizarán paros parciales entre las diez de la mañana y la una de la tarde. Además, el miércoles hay convocado un paro general durante toda la jornada y una «gran manifestación» en Madrid, que partirá desde el Ministerio de Justicia y a la que se espera que acudan trabajadores de toda España.
En relación a los servicios mínimos, los juzgados y fiscalías de guardia contarán con todo su personal, según un documento al que ha tenido acceso EFE.
Por tanto, se garantizarán los actos necesarios del Registro Civil, las causas con preso y las medidas cautelares. También las actuaciones en las que venza un plazo y aquellas ya señaladas en las que intervenga una persona menor, con discapacidad o especialmente vulnerable, entre otras.
Tras más de dos meses de huelga indefinida, los letrados de la administración de Justicia llegaron a un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop y desconvocaron el paro el 28 de marzo.
Sin embargo, el final de este conflicto desencadenó el comienzo de otros que amenazan con seguir paralizando la justicia. La ministra Llop, que se ha comprometido a dialogar sobre las reivindicaciones sindicales, pidió a los trabajadores que «miren por los ciudadanos» y «no causen un perjuicio» en el servicio público.
Además, explicó que explicó que los funcionarios de las comunidades autónomas que no tienen cedidas las competencias de Justicia «ya tuvieron una subida salarial» que supuso un paquete presupuestario de «aproximadamente cuarenta millones de euros que se han consolidado en los presupuestos de los años siguientes».
Tras varias reuniones con Justicia que han calificado de «decepcionante» y «desalentadora», jueces y fiscales se han expresado en la misma línea que estos funcionarios, aunque todavía sin un calendario claro ni con «medidas de presión establecidas».
El Ministerio ya ha convocado para el próximo 3 de mayo la mesa de retribuciones en la que tiene que negociarse su subida salaria. Los abogados del turno de oficio han anunciado el inicio de movilizaciones para defender sus derechos de mejoras profesionales y retributivas, y han extendido este llamamiento a toda la abogacía y se concentrarán ante el Congreso de los Diputados el próximo 27 de abril.
