Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
La Ley de Vivienda está a punto de ser aprobada en España tras años de negociación por parte de las fuerzas políticas de izquierda. La ley, que cuenta con el apoyo necesario para pasar los trámites parlamentarios, regulará y limitará el precio de los alquileres, impedirá subidas indexadas al IPC y promoverá la construcción de viviendas públicas.
Sin embargo, las fuerzas políticas de derecha, que siempre han sido rápidas en unirse para oponerse a la ley, han encontrado un argumento de peso en la okupación. Representantes de partidos como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han criticado la ley de vivienda y la han calificado como la ley de los okupas.
La derecha ha utilizado la okupación para cargar contra la Ley de Vivienda y ha presentado a los okupas como una amenaza para la sociedad, a pesar de que no hay datos específicos sobre la cantidad de okupaciones en el país.
En cambio, los datos del Ministerio del Interior muestran que el número de allanamientos de morada y usurpaciones, que incluyen tanto viviendas habituales como segundas viviendas, viviendas vacacionales y propiedades abandonadas, ha ido aumentando anualmente desde 2016.
Representantes de la derecha han acusado al gobierno de Pedro Sánchez de favorecer a los okupas con la Ley de Vivienda, pero no han proporcionado datos concretos para respaldar sus afirmaciones.
Por ejemplo, Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha declarado que “Sánchez es una oportunidad fantástica para los okupas, pero este chollo se terminará”. Por su parte, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, ha afirmado que “el drama de la okupación crece en España día tras día” y ha propuesto medidas de rebaja de impuestos e incentivos fiscales para los propietarios como solución para abaratar el precio del alquiler.
Mientras tanto, la izquierda ha defendido la Ley de Vivienda como una medida necesaria para proteger los derechos de los inquilinos y promover el acceso a la vivienda. Además, ha destacado que la ley también incluye medidas para limitar el precio de los alquileres y promover la construcción de viviendas públicas.
