El día 28 de septiembre, el desalojo de Eloísa y sus hijos fue frenado gracias a la convocatoria del Sindicato de Barrio de Poble-sec. Sin embargo, esta situación acabó con la detención de una activista acusada de tirar de la camisa a un miembro de la comitiva judicial y resistirse a su arresto.
Según los informes, una semana después, el desalojo quedó suspendido debido a la falta de personal policial. Pero hoy, se ha llevado a cabo por orden del juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona.
Un desalojo forzado
El edificio ha experimentado numerosos desalojos desde que pasó a manos de un grupo inversor en 2013. Ahora, la amenaza recae sobre Eloísa y su familia. En 2017, fue adquirido por Queyfour, que tiene propiedades en Barcelona y Tossa de Mar y que ya ha intentado realizar varios desalojos, como este último, sin respetar algunos de los requerimientos a los que obliga la ley.
La llei marca que si una empresa desnona una família vulnerable, ha d'oferir una alternativa de lloguer assequible obligatòriament.
És el 1r cop en molts anys que una empresa se salta la llei a BCN i l'Ajuntament no intervé ni hi fa res, ja que a l'època Colau això no passava. https://t.co/K2bkE6Ujzd
— David Salomé 🇵🇸 (@david_salome_93) November 29, 2023
Dificultades para obtener un alquiler social
A pesar de la vulnerabilidad de Eloísa, la propiedad se ha negado a negociar un alquiler social, un hecho que topa frontalmente con lo que marca la ley. Piden la mediación del Ayuntamiento o de la Generalitat y una suspensión de la orden del tribunal, porqué este desalojo, con la ley en la mano, no se podría haber producido sina ntes una negociación y la oferta de un alternativa de alquiler asequible apra Eloísa.
