El partido político de Ada Colau exige una investigación en el Congreso de los Diputados sobre los casos de lawfare (persecución judicial con fines políticos) contra Colau, quien fuera alcaldesa de Barcelona. Según David Cid, portavoz de En Comú Podem en el Parlamento Catalán, “Es raro encontrar políticos en España que hayan tenido 16 querellas que posteriormente fueron archivadas”.
Involucración de Comisiones del Congreso
El líder de los comunes sostiene que las comisiones establecidas en la Cámara Baja tras el pacto PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez podrían servir para evaluar la actuación de la Justicia durante los ocho años de mandato de Colau (de 2015 a 2023).
Cid se refirió al auto de la Audiencia de Barcelona que archivó la querella por la construcción de la supermanzana (área urbana transformada en zona peatonal y de ocio tras eliminar la circulación de vehículos) del Eixample, acusada de supuestos delitos urbanísticos, malversación y fraude de subvenciones.
Reacciones del CGPJ
El portavoz de En Comú Podem ha expresado su sorpresa ante las reacciones del Consejo General del Poder Judicial a la intervención de la diputada de Junts Míriam Nogueras en el Congreso, quien citó a jueces como Pablo Llarena, Carlos Lesmes o Manuel Marchena.
Según Cid, la “hipersensibilidad” evidenciada por declaraciones como las de Nogueras contrasta con la falta de respuesta ante “situaciones protagonizadas por lobbies económicos, ciertos sectores políticos y algunos jueces que, como mínimo, se han apoyado en estrategias para influir en la política del país”.
Lawfare en España
Para los comunes, es claro que existen casos de lawfare en España. “Han sido perjudicados el independentismo, Podemos y nosotros mismos”, apuntó Cid.
En referencia a la negativa del CGPJ a que los jueces comparezcan ante las tres comisiones parlamentarias de investigación acordadas, Cid opinó que “no están destinadas a juzgar” y que “los principales interesados deberían ser los propios jueces, puesto que podrían exponer su perspectiva y explicar sus acciones”.
Además, criticó al órgano de gobierno del Poder Judicial por su intención de “hacer política” y afirmó que “está secuestrado por el PP con un mandato ya caducado”.
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