Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
Este jueves, el fiscal especial Jack Smith presentó nuevos cargos contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionados con el manejo inadecuado de documentos clasificados durante su tiempo en la Casa Blanca.
Uno de los cargos adicionales imputados a Trump es por “retención deliberada de información de defensa nacional”, mientras que también enfrenta dos cargos más por “obstrucción”, vinculados a supuestos intentos de eliminar imágenes de video de vigilancia en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, durante el verano de 2022.
El fiscal especial también acusó a Carlos De Oliveira, otra persona involucrada en el caso de documentos clasificados hallados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Según el escrito judicial, Oliveira, de 56 años, era el empleado de mantenimiento que ayudó a Waltine Nauta, asistente personal de Trump y también imputado, a mover cajas de documentos clasificados después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. citara por primera vez al exmandatario en mayo del año pasado.
Con estos nuevos cargos, Trump suma un total de 37 cargos penales. Sin embargo, el expresidente ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “ridículas” y afirmando que son una “injerencia electoral al más alto nivel”.
Trump y Nauta fueron acusados el mes pasado y ambos se han declarado inocentes de los cargos presentados en su contra. Por su parte, De Oliveira también enfrenta el delito de hacer declaraciones y representaciones falsas en una entrevista voluntaria con el FBI en enero de 2023.
Un portavoz de Trump ha desestimado los nuevos cargos, considerándolos un “continuo intento desesperado y agitado” por parte de la Administración Biden para “hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean”, y afectar la carrera presidencial de 2024.
Algunos de los delitos imputados conllevan una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.
La jueza Aileen Cannon ha fijado la fecha del juicio contra el expresidente para el 20 de mayo de 2024, cuando faltarán poco más de seis meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este proceso legal continuará siendo un tema relevante en el panorama político mientras el país se acerca a un nuevo ciclo electoral.
