Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
En un incidente que ha generado gran controversia, un oficial de policía de Florida tuvo que declarar ante un trabajador social del Departamento de Niños y Familias debido a su reprochable manera de enseñar a su hijo de tres años a no orinarse encima.
La grabación de su testimonio, que se ha hecho pública recientemente, revela las perturbadoras acciones tomadas por el oficial M. S. del Departamento de Policía de Daytona Beach para castigar a su hijo por sus dificultades para aprender a usar el baño.
Según informes de medios estadounidenses, el oficial decidió encerrar repetidamente al niño en un calabozo durante varios días en octubre del año pasado, llegando incluso a esposarlo en la segunda ocasión en que lo castigó. En la grabación, el oficial afirma: «Él estaba llorando. Obtuve la respuesta que esperaba de él».
Lo más alarmante es que el oficial admitió no solo estos hechos, sino también que había utilizado la misma estrategia disciplinaria con su hijo mayor cuando tenía solo cuatro años por golpear a una niña y portarse mal.
En esa ocasión, el niño fue llevado a una cárcel y se le obligó a sentarse allí mientras era observado por su padre. Según el oficial, el niño lloraba y, hasta el día de hoy, si se menciona aquel incidente, responde diciendo: «Nunca volveré a hacer eso». En su opinión, esta forma de disciplina fue efectiva.
El oficial justificó su comportamiento diciendo: «Así que por eso que lo hice en esta ocasión. No golpeó a nadie, pero pensé lo mismo, será disciplina. Y no quería volver, así que…». Sin embargo, la efectividad de este tipo de disciplina basada en el encierro y la humillación es altamente cuestionable, y plantea serias preocupaciones sobre el bienestar y la seguridad emocional del niño.
Hasta el momento, no se ha determinado si el oficial de policía y su esposa, quien también es agente de policía, enfrentarán algún tipo de consecuencia por su conducta. Sin embargo, es necesario que se realice una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes para evaluar el impacto de estas acciones en el desarrollo emocional y psicológico del niño, así como para determinar si se han violado los derechos del menor.
