El Consistorio de Barcelona ha tomado una decisión este martes respecto a la causa judicial conocida como el caso Tsunami. La propuesta, emanada por el grupo de Barcelona En Comú, ha recibido el respaldo en comisión de Junts y ERC, mientras que ha encontrado la oposición del PSC, el PP y Vox.
La proposición presentada no sólo busca brindar apoyo a las personas investigadas en el marco de este caso, sino que también critica la imputación de cargos de terrorismo contra ellas. Según la interpretación que se hace desde la iniciativa de Colau, esta aplicación de la ley resulta “distorsionada”. Asimismo, se insta al Congreso de los Diputados a revisar y modificar el Código Penal para evitar que las manifestaciones y protestas sociales sean perseguidas bajo la figura del terrorismo, algo que se amplió con la reforma llevada a cabo por el PP en 2015, con el objetivo de alinearla a la directiva europea de 2017.
Desde el planteamiento hasta la controversia
El edil de los Comuns, Marc Serra, ha compartido en redes sociales la noticia del apoyo brindado por el Ajuntamiento de Barcelona a los investigados del caso Tsunami y la solicitud de reforma del Código Penal. En su intervención durante la comisión, Serra ha expresado su decepción por la falta de “valentía” de los socialistas en este asunto.
ERC han resaltado la interpretación “distorsionada” de relacionar derechos civiles con terrorismo, aludiendo a la amenaza que esto conlleva para la democracia. Sin embargo, sus posibles socios de gobierno del PSC, con los que mantienen negociaciones, han decidido votar en contra, demostrando su nulo compromiso con la resolución del conflicto político en Catalunya.
La decisión final ha reflejado la división de opiniones dentro del consistorio sobre cómo abordar las consecuencias legales derivadas de protestas sociales y la interpretación de estas dentro del marco jurídico actual.
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