El presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para el 2023 se ha prorrogado, dejando en duda la asignación de 117,7 millones de euros para inversiones. Así consta en el proceso administrativo que siguió la prórroga, ya que el actual alcalde, Collboni, ha tenido que autorizar la prórroga del último presupuesto de su predecesora, Ada Colau, debido a la falta de suficiente apoyo político.
Dependencia de la oposición
En medio de este escenario, queda en claro que el actual gobierno municipal depende de la oposición para reestructurar las partidas presupuestarias. Las inversiones planificadas para el año pasado, incluyendo la unión de los tranvías por la Diagonal, la plaza de les Glòries, la Rambla, Via Laietana, el mercado de la Abaceria y la Meridiana, necesitarán aprobación de la oposición si las obras no se han terminado o si se decide asignar estos recursos a otros proyectos.
El concejal de Economía, Jordi Valls, apeló a la “responsabilidad de las fuerzas políticas para asignar recursos económicos a aquellas partidas que lo requieran”. En ausencia de estos recursos, las subvenciones y las inversiones serán las más afectadas.
“Recortes” y Preocupaciones
Los comunes y ERC han cuestionado abiertamente el enfoque del gobierno, calificándolo de “recortes”. La edil Janet Sanz, señaló que no sólo se trata de los 100 millones de euros en recortes, sino que también se refiere a los incrementos del capítulo 1, los gastos de personal. “Es un disparate comenzar el año con un presupuesto prorrogado en un ayuntamiento que tiene recursos”, lamentó.
Sin embargo, el gobierno asegura que la remuneración del personal estará garantizada. Por un lado, se mantendrá el crédito del año 2023 y, por otro, se añadirán 33 millones de euros del fondo de contingencia para su continuación.
Advertencias de ERC
Desde ERC, el concejal Jordi Castellana advierte que incluso el ámbito interno del ayuntamiento, como las empresas municipales, se verán afectadas. Pone como ejemplo que el Instituto de Educación perderá 6,7 millones de euros en inversión en educación, el Instituto Municipal de Informática 3,7 millones, y el de vivienda, 22 millones.
En definitiva, parece que el Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en una situación delicada en la que terna que determinar cómo administrar eficientemente sus recursos en el próximo año fiscal.
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