La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella presentada por Gaudí Innovation SLU, contra los diputados Gerardo Pisarello y Eloi Badia, así como contra el abogado y exdiputado Jaume Asens y Marta Carranza, quien foi comisionada municipal de Deportes de 2015 a 2019, acerca de la quiebra del proyecto Open Camp. Así lo sostuvieron diversas fuentes relacionadas con el caso, quienes también añadieron que dicho accionar fue resultado de una estrategia política del equipo de gobierno de Ada Colau en el momento que asumió la alcaldía de Barcelona.
El proyecto Open Camp y la querella
La querella sostiene que la decisión del gobierno de Colau de dejar de lado el proyecto, decisión que terminó conduciendo a la quiebra de la empresa, se podría considerar como un delito. Diversos delitos como amenazas, coacciones, extorsión, falsificación documental por parte de la autoridad, fraude y prevaricación se ponen en juego a raíz la supuesta financiación ilegal cometida. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado suficientes indicios que respaldarían estas alegaciones y por ende abrir una investigación contra Pisarello, Badia, Asens y Carranza.
En caso de que la decisión de la Sala Segunda fuera contraria a la de la Fiscalía, un suplicatorio al Congreso tendría que ser realizado con tal de investigar y, en su caso, juzgar a los actuales diputados Pisarello y Badia. Una práctica habitual del Supremo es conceder a los acusados la posibilidad de realizar su propia declaración antes del suplicatorio oficial, esto con la finalidad de que, en caso de convencer al juez con su defensa, se proponga el archivo del caso.
De Open Camp a la bancarrota
De acuerdo a la querella, el proyecto Open Camp se remonta hasta 2013, durante el mandato de Xavier Trias. En esta fecha, Barcelona de Serveis Municipals (BSM) y Open Camp firmaron un acuerdo para la administración y explotación de un parque temático relacionado con los deportes. Este convenio permitiría la explotación de la zona conocida como el Anillo Olímpico de Barcelona.
Sin embargo, la llegada de Ada Colau y de su equipo al poder municipal cambió este panorama. Desde la campaña electoral, el nuevo equipo del ayuntamiento había considerado el proyecto Open Camp como uno de los proyectos “contrarios al bien común”.
La empresa Open Camp
La quiebra que denuncia Gaudí Innovation SLU generó la pérdida de “el activo patrimonial y valor empresarial” que poseían. También se estima que fue una decisión que afectó a 252 trabajadores y que provocó la quiebra de “los pequeños promotores particulares de esta innovadora iniciativa”.
La querella también recrimina la apropiación por parte del Consistorio de proyectos de innovación técnológica desarrollados por Open Camp, y que terminaron siendo controlados por el ayuntamiento desde la selección de personal hasta el contenido de las exhibiciones.
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