El fenómeno de las puertas giratorias entre la política y las empresas es una constante histórica en diversos gobiernos, y el lobby inmobiliario no es una excepción. Varios altos cargos del PSOE y Junts han dado el salto al sector privado, aprovechando las lagunas legales y una aplicación laxa de la normativa.
Helena Beunza: De la Secretaría de Vivienda al lobby inmobiliario
A principios de 2024, Helena Beunza, exsecretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento entre 2018 y 2020, fue nombrada presidenta de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval). Esta asociación reúne a 6,000 propietarios de pisos de alquiler y está respaldada por importantes fondos de inversión como Blackstone. Durante su etapa en el Ministerio, Beunza fue una de las principales responsables de la génesis de la Ley de vivienda, inicialmente orientada a ofrecer rebajas del IRPF a propietarios que fijaran rentas asequibles, hasta la intervención de Unidas Podemos que impulsó la regulación de precios.
El intento fallido de Isabel Pardo de Vera
Antes de Beunza, Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2021-2023), fue propuesta para el cargo en Asval. Su nombramiento suscitó controversia porque contravenía la ley que regula el ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado. Pardo de Vera había participado activamente en la regulación del precio del alquiler, pero finalmente rechazó la oferta antes de que se emitiera el dictamen de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
Joan Clos y su papel en Asval
Otro miembro destacado del PSOE, Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exministro de Industria, Comercio y Turismo, asumió la dirección de Asval en 2020. Bajo su liderazgo, Asval ha criticado severamente las regulaciones del alquiler, considerándolas un “atentado contra el derecho a la propiedad privada”. Clos ha sido una figura clave en la denuncia contra medidas anticrisis que afectaban la vivienda, incluyendo la prórroga de contratos y la suspensión de desahucios.
Lourdes Ciuró y el Colegio de Administradores de Fincas
En el ámbito catalán, Lourdes Ciuró, exconsejera de Justicia (2021-2022), fue contratada como asesora en Relaciones Institucionales y Comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida. Esta contratación fue criticada por el Sindicato de Inquilinos, que consideró el movimiento como un intento de acercar aún más al lobby inmobiliario a los poderes políticos.
Carles Sala y su vínculo con el API
Carles Sala, exsecretario de Vivienda de la Generalitat, se unió a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) poco después de dejar su cargo en 2022. Sala ha sido crítico con la normativa catalana de control de precios de alquiler y ha argumentado que las regulaciones “estigmatizan la propiedad”.
Estos movimientos entre la administración pública y el sector privado subrayan la fina línea que separa los intereses políticos de los económicos en el ámbito de la vivienda.
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