Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
El enfrentamiento entre el ministerio de Trabajo y la empresa de reparto Glovo por la situación de los falsos autónomos ha llegado a un punto crítico. El ministerio, liderado por Yolanda Díaz, ha emitido un ultimátum a la compañía para que regularice la situación de sus trabajadores y cumpla con la conocida “ley rider”, aprobada en 2021.
A pesar de que el Tribunal Supremo ya determinó en 2020 la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en mantenerlos como falsos autónomos, en lugar de ofrecerles contratos laborales convencionales. Las multas millonarias que le pueden imponer no han hecho cambiar de rumbo a la empresa.
Ante esta actitud desafiante por parte de Glovo, el Ejecutivo ha decidido tomar medidas más contundentes. Según informa El País, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que el Gobierno ha enviado requerimientos formales a la compañía y otras plataformas similares para que se ajusten a la ley. Pérez Rey advierte que si no lo hacen, el problema no se limitará a sanciones económicas, sino que podrían enfrentar consecuencias penales.
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que, de persistir la actitud de Glovo, se remitirá el caso a la Fiscalía para que tome las medidas legales pertinentes. La reciente modificación del Código Penal establece penas de cárcel, que van de los seis meses hasta los seis años, para los responsables de empresas que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores, lo que añade una amenaza más seria para la empresa de reparto.
La “ley rider” ya ha tenido impacto en muchas empresas del sector, que han ajustado sus prácticas para cumplir con la legislación. Sin embargo, Glovo ha mantenido su desafío incluso frente a las cuantiosas multas impuestas por Trabajo, llevando cada caso a los tribunales.
El Congreso aprobó una reforma del Código Penal para castigar a los responsables de empresas que emplean fórmulas distintas al contrato laboral vigente para imponer condiciones ilegales a sus trabajadores. Esta modificación tiene como objetivo evitar prácticas inaceptables, y ha puesto a Glovo en una posición crítica, ya que su futuro en el mercado español está en juego.
La directiva europea sobre trabajo en plataformas digitales también juega un papel relevante en esta cuestión, y el Gobierno español ha mostrado su apoyo a mantener el espíritu de la propuesta original para asegurar condiciones laborales justas en la economía de plataformas.
El destino de Glovo se encuentra en un punto crucial. La empresa debe decidir si se ajusta a la “ley rider” y cumple con las regulaciones laborales vigentes, o si arriesga enfrentar consecuencias penales que podrían poner en peligro su presencia en el mercado español.
