El negocio de las necesidades básicas: privatización de los baños públicos
Con un tráfico de miles de pasajeros diarios que llegan de todos los rincones de España y de más de 500 destinos de Europa y Marruecos, la estación de Méndez Álvaro en Madrid siempre ha sido un punto neurálgico. Sin embargo, algo ha cambiado en esta estación: para utilizar sus baños, hay que pagar un euro – y solo se acepta tarjeta.
Una privatización forzada por el deterioro
Este escenario es consecuencia de privatizaciones impulsadas por el deterioro de los servicios públicos y alimenta un nuevo debate. “Desatendemos un servicio público hasta que se deteriora tanto que la gente prefiere pagar por un servicio de calidad. Esto sucede desde el transporte público hasta la sanidad”, señala David Sánchez Carpio, director de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Haciendo números: baños públicos en España
Aunque no existen datos concretos, la percepción general es que faltan baños públicos en nuestro país y que los existentes están en malas condiciones. La CECU pide que se apruebe una ley que determine el número y las condiciones de mantenimiento de baños públicos para garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento, derechos humanos reconocidos por la ONU.
Privatización: los más vulnerables, los más afectados
El acceso a los baños públicos es prácticamente nulo para algunas poblaciones, como las personas con enfermedades intestinales crónicas, los mayores o personas dependientes, y aquellos que toman medicamentos con ciertos efectos secundarios. Además, la privatización de los baños de Méndez Álvaro, que obliga a pagar con tarjeta, excluye aún más a aquellos que no tienen fácil acceso a estos medios de pago, como los migrantes y las personas mayores.
Soluciones y acciones
“Lo que han hecho en Adif y Méndez Álvaro es la solución fácil: lo dejan deteriorarse hasta que la gente agradece que lo privaticen. Esa es la lógica de la privatización del servicio público”, señala Sánchez Carpio. CECU considera que los baños públicos deben ser mecanismos clave para proteger la salud pública y por tanto, no deberían mercantilizarse. A lado de defensoras y defensores de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, buscan acciones concretas para que este asunto se considere un debate político y un derecho amparado por la ley.
Foto: diario.madrid.es