El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que limita el incremento de la renta de los alquileres a un 3% para el próximo año. Una medida que busca paliar las consecuencias económicas y sociales ocasionadas por el conflicto bélico en Ucrania. Este límite queda establecido en la disposición final sexta de la Ley de Vivienda.
Renta de alquileres: máximo incremento del 3%
El arrendatario de un contrato de alquiler habitual podrá negociar con el propietario el aumento aplicable en la actualización anual de la renta al cumplirse la correspondiente anualidad de vigencia del contrato. Sin embargo, independientemente de si se llega a un acuerdo o no, el ajuste anual de la renta no podrá superar el 3%, que representa un punto porcentual más que el límite vigente actualmente, del 2%.
Se considera gran tenedor a aquel que posea más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados para residencia, excluyendo garajes y trasteros, de acuerdo con la información de Europa Press.
Esta caracterización puede variar en la declaración de entornos de mercado residencial tensionado, incluyendo a titulares de cinco o más inmuebles residenciales urbanos en dichas zonas, siempre que así lo justifique la comunidad autónoma con una memoria explicativa correspondiente.
Mejoras fiscales a partir de enero y suspensión de desahucios
El 1 de enero también entrará en vigor un mejoramiento del IRPF para impulsar el alquiler a precios accesibles de viviendas habituales. Este se logrará mediante la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para nuevo contratos de arrendamiento, el porcentaje de reducción se establece en el 50% (ahora es del 60% en general), pudiendo aumentarse según determinados criterios.
Además, se ha extendido la prohibición de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables de sus viviendas habituales hasta el 31 de diciembre de 2024. La medida está en el Real Decreto aprobado el pasado 27 de diciembre en Consejo de Ministros, destinada a proteger los hogares en situación de vulnerabilidad que puedan enfrentar procedimientos de desahucio de su vivienda habitual.
Foto: housing.acgov.org