La revisión de la normativa que regula la obligación de incluir un 30% de vivienda social en las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones en Barcelona ha generado reacciones diversas entre diversos sectores. Esta política, instaurada durante la anterior administración con el objetivo de incrementar el stock de vivienda asequible en la ciudad, se enfrenta ahora a cambios que buscan ajustar sus criterios de aplicación.
Ni entidades provivienda ni constructores
El ajuste sugerido, desarrollado por un equipo de expertos liderado por Carme Trilla, propone flexibilizar la norma permitiendo que las reservas de vivienda social puedan agruparse en otros edificios y reduciendo las exigencias para grandes proyectos de rehabilitación. Esta propuesta no ha sido bien recibida por entidades en defensa del derecho a la vivienda ni por la patronal de los constructores, señalando un desacuerdo amplio en cuanto a la dirección y efectividad de los ajustes propuestos.
Descontento entre promotores y defensores de la vivienda
La oposición a la propuesta se evidencia tanto en el ámbito político como en el social. Barcelona en Comú, partido de la exalcaldesa Ada Colau quien lideró la introducción de la normativa original, critica fuertemente los cambios por considerar que desvirtúan la esencia de la medida. Por otro lado, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) argumenta que los cambios propuestos ofrecen pocas soluciones prácticas al “mercado real”, evidenciando una brecha entre las expectativas del sector inmobiliario y los objetivos de política de vivienda.
El papel de la administración y las negociaciones pendientes
La administración actual, bajo la gestión del alcalde Collboni, se encuentra en la fase de dar forma técnica al documento y negociar su aceptación entre los grupos municipales. La necesidad de alcanzar consensos dentro del Ayuntamiento surge como un factor clave para la viabilidad futura de la reforma. La discusión abierta y la respuesta de grupos políticos como Junts y ERC, quienes están revisando la propuesta, determinarán el rumbo de las nuevas regulaciones en materia de vivienda social en Barcelona.
La comunidad se moviliza
Las entidades promotoras de la norma original y defensoras del derecho a la vivienda expresan su disposición a movilizarse en oposición a los recortes considerados “inadmisibles”. Esta movilización refleja el nivel de compromiso y la importancia que reviste la política de vivienda social para amplios sectores de la sociedad barcelonesa, subrayando la demanda por estrategias inclusivas y efectivas que aborden la necesidad de vivienda asequible.
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