Los problemas se acumulan para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ya que la reforma prevista en la ronda de Sant Antoni se ve ahora amenazada por el inicio de una acción administrativa que busca su impugnación. El PP ha presentado una Acción Pública Urbanística -un recurso que puede tener su continuación en la vía judicial- alegando que la obra municipal contempla “graves e importantes infracciones legales”.
El texto alega que la intervención municipal afecta a la ronda de Sant Antoni, clasificada como red viaria básica según el Plan General Metropolitano (PGM, clave 5) y que Collboni planea su transformación en un espacio de uso público, o clave 6. El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, sostiene que este cambio no es ilegal en sí, aunque retrata a la administración como irresponsable por intentar evadir el proceso legal a través de procedimientos más simplificados.
Un cambio de envergadura
Además, el PP resalta que la reforma pone en peligro la función de la ronda como vía de distribución del tráfico. El arquitecto Antoni Renalias explicó anteriormente que las rondas en Barcelona son esenciales para el tráfico, distribuyéndolo entre cinco calles principales: Comte d’Urgell, Villarroel, Casanova, Muntaner y Aribau. La reforma propuesta por el gobierno anterior planeaba peatonalizar la ronda, algo que Collboni prometió frenar en su campaña electoral, aunque finalmente no llevó a cabo.
En opinión de Sirera, cambiar una vía principal por un espacio de uso público es “incoherente y contradictorio”. Argumenta que ello desvirtúa el objetivo de la ronda de Sant Antoni de acomodar el tráfico rodado.
Respeto a la normativa
Para Sirera, el respeto a la normativa es imperativo, tanto para particulares como para la administración, que “no puede crear o eludir procedimientos ya establecidos en beneficio de sus propios intereses políticos”. El PP sostiene que si el gobierno escolat considera que las obras propuestas son de interés general, el cambio en el PGM no puede hacerse a través de un simple proceso de reurbanización.
Otro argumento del PP para presentar la Acción Pública Urbanística es la falta de un informe de movilidad del proyecto. Según Sirera, ello es muy grave dado que uno de los objetivos del proyecto es mejorar la movilidad en la zona. “Parece un contrasentido que se apruebe un proyecto con un objetivo específico y no se informe a los ciudadanos de cómo se verán afectados por este cambio”, concluye el PP.
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