El Parlamento Europeo aprobó ayer los últimos reglamentos en materia de asilo, estableciendo así el nuevo Pacto de Asilo Europeo, previsto para entrar en vigor a más tardar en junio de 2026. Esta decisión culmina un proceso de debate y negociación que ha durado más de ocho años, durante los cuales se buscó un consenso entre los principales grupos políticos del parlamento.
Pacto de Asilo Europeo
El acuerdo alcanzado ha sido descrito por diversas organizaciones no gubernamentales y partidos de izquierda como un retroceso en la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo. A pesar de la resistencia, el pacto fue adelante, promovido por el argumento de que es preferible contar con un acuerdo imperfecto antes que mantener el status quo. La crítica principal recae en la priorización del control fronterizo sobre la solidaridad y la protección individual.
División en Eurocámara
La votación evidenció una división significativa en la Eurocámara. Los partidos de extrema derecha rechazaron el pacto por considerarlo insuficiente en términos de restricciones migratorias, mientras que la Izquierda y los Verdes lo rechazaron por ir demasiado lejos en contra de los derechos fundamentales. Representantes de la comisión, como Ylva Johansson, destacaron la importancia del pacto como un fracaso o éxito colectivo, resaltando la atención global que este tema suscita.
Aplicación y Consecuencias
La implementación del pacto introducirá un procedimiento de asilo en el que todas las personas que lleguen a las fronteras externas de la Unión Europea, incluyendo familias y menores, serán sujetas a un proceso de identificación y control, incluyendo el registro de datos biométricos. La política contempla la devolución de individuos que no cumplan con los requisitos para solicitar asilo, mientras que aquellos elegibles serán evaluados para determinar si su caso será procesado en el país de llegada o en otro estado miembro. Este proceso ha generado preocupación entre las ONG, que destacan los riesgos de detención y devolución sin la posibilidad de solicitar asilo para individuos de ciertas nacionalidades.
Críticas de las ONG
Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han expresado su rechazo al pacto, argumentando que este conduce a un endurecimiento de las políticas migratorias y asilatorias, contraviniendo principios básicos de protección y solidaridad. Enfatizan que el acuerdo no solo falla en prevenir riesgos significativos para los derechos humanos, sino que también favorece la externalización de fronteras y profundiza en medidas que comprometen la seguridad y protección de personas en movimiento.
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