Hace aproximadamente dos años, la ciudad de Utrecht en Países Bajos implementó una normativa que prohíbe la compra de una segunda vivienda con fines de alquiler, a no ser que el comprador o alguna persona de su familia garantice la ocupación de la misma. Esta medida tenía como objetivo reducir el número de viviendas vacías o destinadas al alquiler en la ciudad, posibilitando así la entrada al mercado inmobiliario de los jóvenes o las personas que pretendían adquirir su primera residencia.
La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, ha informado recientemente de que esta regulación ha influido positivamente en el mercado de la vivienda de la ciudad.
¿Cómo afectó la normativa del mercado inmobiliario?
Según los primeros resultados sobre el impacto de esta norma, la protección de la compra ha resultado extremadamente efectiva. Los primeros compradores están disfrutando los resultados y, además, el impuesto de transmisiones patrimoniales que entró en vigor en 2021 ha jugado un papel crucial en la mejora de la posición de estos compradores en el mercado inmobiliario de Utrecht.
La prohibición se aplica a las propiedades con un valor de hasta 587,000 euros, que es el rango de precios más común entre los individuos y las familias jóvenes.
Las cifras son más que elocuentes. En estos dos últimos años, el 78% de las propiedades en Utrecht han sido compradas por personas que planean vivir en ellas, mientras que los inversores sólo han logrado obtener el 11% de las viviendas en vente, según el Registro de la Propiedad de los Países Bajos.
Estos datos comparados con los de la etapa 2018-2021 ponen en evidencia el gran cambio que esta norma ha propiciado. La proporción de viviendas compradas para luego ser alquiladas se redujo drásticamente, bajando del 13% al 2% en este año.
¿Qué impacto ha tenido en los compradores primerizos?
Los inversores han sido especialmente excluidos del mercado de viviendas en los rangos de precios más bajos, favoreciendo notablemente a los nuevos compradores. Los compradores primerizos lograron adquirir el 46% de las viviendas vendidas en los últimos seis meses de 2021, cifra que subió al 53% en el mismo período de 2023.
El gobierno de la ciudad está considerando una actualización de la normativa para aumentar el valor límite de las propiedades a 716,000 euros. Esta medida protegería el 80% de las viviendas locales de ser compradas exclusivamente como inversión.
Con modelos como el de Utrecht, donde parece evidente que las políticas restrictivas en la compra de vivienda para alquiler pueden mejorar el acceso de la población a la adquisición de su primera residencia, cabe preguntarse si esta podría ser una buena práctica que podría implementarse en Barcelona para ayudar a resolver la crisis de viviendas que se vive actualmente.
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