El concepto de “lawfare” resuena con fuerza en España, en un período de la historia patria que se encuentra marcada por el uso de los tribunales para llevar a cabo luchas políticas. El término, que es la fusión de las palabras en inglés law (ley) y warfare (guerra), se popularizó en círculos militares de los Estados Unidos a principios de este siglo y se ha difundido progresivamente para designar el uso de la justicia con fines de persecución política.
El fenómeno de la “lawfare” en la política española
Este fenómeno ha llegado a España y se ha convertido en un tema central del discurso político de diferentes fuerzas. Su mención en el acuerdo entre el PSOE y Junts, aunque no en la proposición de ley de amnistía, ha causado revuelo en el mundo judicial. Desde el Gobierno y los partidos que lo sostienen, sin embargo, no han escatimado en defender la existencia de este tipo de prácticas en el país.
La vivencia de Ada Colau
Un ejemplo emblemático del uso de los tribunales como campos de batalla política es el que se ha observado en Barcelona. El mandato de Ada Colau enfrentó cerca de 20 querellas y denuncias por parte de fondos, empresas, hoteles y rivales políticos. La mayoría de ellas ya han sido archivadas, pero no sin generar un fuerte impacto mediático antes de ser desestimadas.
Uno de los casos más destacados implicó a Bloc Llavors, propiedad del fondo de inversión Vauras. Cuando el ayuntamiento inició un proceso sancionador contra el fondo por incumplimiento de la normativa catalana de vivienda, Vauras interpuso una querella contra la exalcaldesa y su equipo. Sin embargo, la jueza a cargo del caso lo inadmitió por falta de indicios, a pesar de que la Sección Octava de la Audiencia de Barcelona había ordenado abrir causa por coacciones y prevaricación administrativa.
“Neurona” y las campañas mediáticas
El caso Neurona, que remonta a una denuncia presentada por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, es otra muestra de esta intersección entre justicia y política. En su momento, este caso fue presentado por sectores de la derecha española como un grave ejemplo de corrupción. Sin embargo, el monstruo mediático que se orquestó en torno a esta causa, acabó reducido a nada, cayendo por su propio peso.
Durante el proceso se trataba de demostrar una supuesta caja B, sobrecostes en la reforma de la sede del partido, financiación irregular, entre otros delitos. La realidad, sin embargo, resultó ser muy diferente, y se demostró que las acusaciones solo tenían una intención: dañar la imagen del partido y de su liderazgo.
El ejemplo de Victoria Rosell y el papel del “timing”
La utilización de la justicia como instrumento de lucha política no solo se ve en la interposición de querellas o denuncias, sino también en el momento o “timing” en el que suceden. La historia de la jueza Victoria Rosell es un claro ejemplo de ello. Su situación judicial estalló a penas dos semanas antes de las elecciones generales, en las que era cabeza de lista de Podemos en Las Palmas.
Tanto las acusaciones de Rosell, como las de Colau y Podemos, son casos que muestran cómo los procedimientos judiciales pueden ser utilizados como arma política. Su presencia demarca una realidad en la que los tribunales se convierten en campos de batalla donde se libran guerras políticas.
No obstante, existen mecanismos de revisión por parte de los órganos superiores que pueden reparar los posibles abusos cometidos. Sin embargo, a menudo este proceso toma mucho tiempo, y cuando finalmente llega, ya el daño está hecho.
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