El gobierno liderado por el alcalde Collboni decide frenar la retirada de licencias turísticas en viviendas donde habitan familias, revisando las políticas implementadas por el anterior gobierno.
Desde hace meses, la administración local de Barcelona ha estado observando con creciente preocupación el auge de las viviendas de uso turístico en la ciudad, a pesar de las restricciones impuestas hace una década. A raíz de una serie de intercambios de opiniones entre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el ayuntamiento, los juicios resultantes han obligado a la municipalidad a inscribir nuevas viviendas de uso turístico, lo que ha llevado a un considerable aumento de estos alojamientos en la ciudad.
El gobierno anterior, liderado por Ada Colau, encontró una manera de resolver este problema utilizando la ley catalana de facilitación de la actividad económica para revocar licencias de viviendas turísticas. De acuerdo con esta ley, la administración puede revocar los permisos otorgados a todas las viviendas que, 90 días después de haber sido registradas en el censo municipal, no hayan comenzado a recibir visitantes. En la práctica, esto permitiría actuar en casas donde aún viven familias con contratos de alquiler vigentes.
Sin embargo, la administración actual, liderada por el alcalde Collboni (PSC), ha decidido revisar esta política y hasta ahora sólo ha iniciado procedimientos de revocación en poco más de un centenar de casos. Este número incluye casi 90 licencias que ya se habían anunciado para su revocación durante el mandato anterior.
La decisión de poner pausa al plan de retirada de licencias turísticas ha generado dudas entre los observadores y ciudadanos. Aunque la administración de Collboni defiende su decisión insistiendo en que es la primera vez que se aplica esta regulación, no parece haber una solución clara en el futuro cercano.
El análisis del gobierno actual de estudiar el desarrollo de acciones legales puede frenar la retirada de licencias en otros edificios donde familias con contratos de alquiler vigentes siguen viviendo, lo que podría poner en riesgo el bienestar de estas familias y la estabilidad del sector de vivienda en la ciudad. Mientras tanto, el Parlamento de Cataluña ha ratificado un decreto ley que permite poner fin a las licencias turísticas a perpetuidad. Sin embargo, la forma final de la regulación está sujeta a negociaciones entre ERC y el PSC.
Bajo este escenario, es evidente que la cuestión de las viviendas de uso turístico sigue sin ser resuelta, y las familias que viven en ellas continúan en una situación de incertidumbre.
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