A principios de este mes, el Ayuntamiento de Barcelona ha implementado un nuevo protocolo que limita la estancia en alojamientos de emergencia a un máximo de seis meses para familias que han perdido su vivienda. Tanto las trabajadoras de servicios sociales, afiliadas a la CGT, como el movimiento por el derecho a la vivienda consideran que esta medida responsabiliza injustamente a las personas afectadas y pone presión sobre las profesionales que las acompañan. Más del 50% de las personas dentro del sistema de Allotjament Temporal d’Urgència (ATU) superan el medio año de estancia.
Impacto en el acceso a la vivienda
La necesidad de alojamientos temporales ha ido aumentando a medida que el mercado privado de alquiler se ha vuelto cada vez más inaccesible. En 2023, el Ayuntamiento destinó 34 millones de euros para alojar a una media mensual de 3.000 personas, en su mayoría en pensiones. En 2022, fueron 27,6 millones de euros para 2.300 personas.
Crítica de colectivos y sindicatos
Los grupos de vivienda, como el Sindicat d’Habitatge de Gràcia, el de Nou Barris, el del Poble-sec, el de les Corts y el Grup d’Habitatge de Sants, han subrayado que vivir en una habitación de hostal durante tanto tiempo es una situación “indigna y violenta”. Muchas personas quedan excluidas del mercado residencial privado y sufren discriminaciones racistas y aporofóbicas. Incluso se han reportado casos en los que denuncias públicas han llevado a represalias contra las familias afectadas.
Nueva normativa y burocracia
El nuevo protocolo establece una estancia inicial en alojamientos temporales por quince días. Si se requiere una extensión, debe solicitarse una renovación de otros quince días. Solo en casos de alta vulnerabilidad, como la presencia de menores o problemas de salud graves, se permitirá una nueva ampliación. Este proceso está generando burocracia adicional y errores, que ya han dejado a algunas personas sin techo de manera temporal.
Espera de pisos de emergencia
Actualmente, el 30% de las personas en alojamientos temporales están a la espera de un piso de emergencia. Más de 700 unidades familiares deben esperar una media de casi dos años para acceder a un piso de una habitación y más de cuatro años para uno de cuatro dormitorios. Esto contrasta con el límite de seis meses establecido por el nuevo protocolo, creando una discrepancia significativa.
Acciones de protesta y denuncias
El movimiento por la vivienda, junto a colectivos de trabajadoras del hogar, migrantes y movimientos sociales, ha ocupado las oficinas del Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona en protesta. Han denunciado el nuevo protocolo y exigido una vivienda digna para todos. La Guardia Urbana y la BRIMO de los Mossos d’Esquadra han desocupado las oficinas sin realizar detenciones, aunque retuvieron temporalmente a un miembro del Sindicat de Llogateres.
La CGT ha presentado una queja a la Sindicatura de Greuges de Barcelona argumentando que el protocolo vulnera derechos fundamentales, elaborándose con una perspectiva puramente económica, sin considerar que muchas personas no podrán encontrar un nuevo hogar dentro de los plazos estipulados.
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