El Tribunal Constitucional ha emitido recientemente un fallo que anula la condena a prisión impuesta al exdiputado Alberto Rodríguez. Esta decisión pone en cuestión la sentencia dictada hace algún tiempo por el Tribunal Supremo, que se apoyó en el testimonio de un policía para determinar la culpabilidad de Rodríguez en un caso de agresión a un agente de la autoridad. Sin embargo, la resolución del Constitucional no le permitirá recuperar su asiento en el Congreso, a pesar de haber echado por tierra una condena que, según muchos, fue injusta.
El caso de Alberto Rodríguez
Alberto Rodríguez, exdiputado por Santa Cruz de Tenerife, fue acusado de patear a un antidisturbios durante una manifestación en enero de 2014 en La Laguna. La Fiscalía basó su caso en el testimonio del agente, quien afirmó rotundamente haber sido atacado por Rodríguez. Esto, junto con la persistencia en su declaración y la identificación temprana del diputado por parte de la policía, resultó en una sentencia condenatoria.
Esta decisión, sin embargo, generó controversia en el propio Tribunal Supremo. Dos de los siete miembros de la Sala de lo Penal presentaron un voto discrepante, argumentando que había margen para la duda en la identificación por parte del agente.
Impacto político y posibles repercusiones
La condena tuvo un gran impacto político, dejando a Rodríguez sin su escaño y generando conflictos entre los socios del Gobierno de coalición. Meritxell Batet, entonces presidenta del Congreso, tomó la decisión de retirarle el acta de diputado tras consultarlo con los letrados de la cámara.
Esta acción desencadenó amenazas legales por parte de Unidas Podemos, lo que provocó una crisis interna en el partido. Rodríguez, por su parte, abandonó la formación y se unió a Sumar, a través de su nueva plataforma Proyecto Drago.
La resolución del Constitucional
El Tribunal Constitucional, por su parte, no cuestionó la suficiencia de las pruebas presentadas contra Rodríguez, pero sí anuló la decisión del Supremo de sustituir su condena de prisión por una multa, pero manteniendo su inhabilitación. La mayoría progresista del Constitucional consideró que este castigo era desproporcionado.
Aunque la sentencia del Constitucional es un revés para el fallo original del Supremo, no está claro qué consecuencias tendrá para Rodríguez. No hay ningún mecanismo que le permita recuperar su escaño y tampoco se sabe si tendrá derecho a una indemnización por el salario que dejó de percibir mientras estuvo fuera del Congreso. Este es un ejemplo de cómo una decisión judicial puede tener un impacto significativo más allá de las aulas del tribunal.
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