Una mayoría de chilenos vota por mantener la constitución. Gran decepción. El joven presidente progresista Gabriel Boric, que apenas lleva seis meses en el poder, si ya lo tenía difícil para llevar adelante un programa de progreso se enfrenta ahora con una situación aún más grave. La derrota del texto constitucional promovido por la ciudadanía se veía venir en las encuestas, pero ha sido estrepitosa. Casi el 62% de los votantes ha preferido seguir manteniendo vigente el redactado en la época tenebrosa de Augusto Pinochet, echando por tierra el esfuerzo de los últimos años para dar un vuelco cualitativo a las condiciones de vida de las clases populares chilenas. La caverna mediática puso en marcha todos sus recursos de engaño y coacción y esta vez lo ha conseguido.
Pese a todo esto, los sectores de la derecha y de la izquierda moderada triunfantes en la reciente consulta no tendrán más remedio que respetar la decisión ciudadana adoptada por plebiscito en octubre de 2020, cuando el 78% de los votantes se inclinaron por cambiar la Constitución actual, redactada bajo el mandato de Pinochet y ligeramente modificada después de la caída del dictador por los Gobiernos de la Concertación, formados por socialistas y democristianos. Pero ahora podrán poner condiciones. La dimensión del rechazo les da muchas bazas para cuestionar los puntos más conflictivos del texto, como la declaración de Chile como un Estado plurinacional, el aborto o la eliminación del Senado. En esta Cámara, por la naturaleza poco democrática de su composición se estrellaban sistemáticamente muchos de los cambios aprobados en el Congreso.
La redacción de una nueva Constitución fue la salida institucional que la clase política ofreció a los chilenos para encauzar el malestar tras las revueltas populares de 2019 que se cobraron una treintena de muertos. Solo tres años después, los votantes, muy influenciados por los sectores conservadores que dominan la mayoría de los medios de comunicación, han dicho que ese texto no refleja sus expectativas. El ambiente de agitación que siguió al estallido popular dio al nuevo redactado un contenido de cambios muy profundos, de carácter radical, con aspectos difíciles de aceptar como el aborto, la paridad de género, la ecología y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pese a todo, ha sobrevivido al proceso la convicción de que la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet debe ser enterrada definitivamente o al menos profundamente enmendada. Sin embargo, el Gobierno de Boric no tendrá mucho tiempo para resolver este problema.
Las demandas que impulsaron el proceso constituyente como salida a la crisis siguen allí, y con ello la amenaza de nuevas revueltas. Y nada satisfaría más a los sectores reaccionarios que las protestas de los chilenos volvieran a las calles. Chile tiene que encontrar ahora un nuevo camino constituyente, porque el diseñado en octubre de 2020 ha fracasado. Cuando el 78% de los chilenos votó redactar un nuevo texto, el país se encontraba aún conmocionado por las revueltas de octubre de 2019, y cuando se eligió la Convención, el resultado estuvo acorde a ese clima de agitación. La izquierda obtuvo la mayoría y la derecha quedó reducida al papel de espectadora de un proceso en el que no pudieron influir. El resultado fue un texto de perfil ecológico y feminista y una estructura institucional que reducía el poder del presidente y los organismos de control. El Senado era reemplazado por un órgano de menor jerarquía y se reconocía el carácter “plurinacional” de Chile. Los cambios fueron demasiados para una sociedad acostumbrada al centro y no ha tenido el apoyo mayoritario que necesitaba.
Conscientes de que las encuestas anunciaban un rechazo del texto constitucional, los legisladores temían la situación que ahora se ha creado, por eso la mayoría de grupos en el
Congreso aprobaron hace pocas semanas rebajar a cuatro séptimos el quórum necesario para modificar la Constitución de 1980, muy restrictiva en sus disposiciones sobre su propia reforma.
Esta medida podría encauzar la crisis actual a la espera de que, con tiempo y tranquilidad, se redacte un nuevo texto.
Al presidente le gustaría encontrar una vía rápida para resolver este problema. Porque el texto que salga de una nueva Convención deberá ser aprobado en plebiscito popular y no puede permitirse un nuevo fracaso. Sería fatal para su presidencia.