La diatriba del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, lanzada hace unos días, calificando de “tontos” a los consumidores por mantenerse en el mercado regulado de la luz, en vez de optar por la tarifa libre, refleja crudamente la realidad del mercado eléctrico en España. Un mercado dominado por un número cada vez más reducido de compañías, que actúan como verdadero oligopolio lo que les ha permitido un crecimiento estratosférico de sus ganancias. En pocos años, Iberdrola se se ha convertido en un gigante nacional e internacional, y en la compañía de más valor de la bolsa española, con 68.753 millones de euros. La empresa está desarrollando un ambicioso plan de inversiones nacionales e internacionales (2020 -2025) que supera los 75.000 millones de euros.
Lo más relevante es que esta extraordinaria capacidad expansiva ha sido fruto de un regulación muy favorable en un mercado cautivo. En otras palabras, todo ha salido de unas tarifas que siempre han sido muy favorables a las eléctricas. Enrique Palazuelos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, y autor de El Oligopolio que domina el sistema eléctrico, ha explicado muy bien el origen de parte de las ganancias de estas compañías. En su opinión el sistema de formación de precios de este oligopolio proporciona elevados beneficios a las compañías como los denominados “beneficios caídos del cielo”, al priorizar la producción de origen hidráulico y nuclear. Unos beneficios extra que significaron 11.500 millones de euros entre 1997 y 2013.
Los beneficios caídos del cielo han estado muy presentes en la reciente crisis. El sistema marginalista que se ha aplicado hasta ahora en la Unión Europea ha permitido que las compañías eléctricas pudieran vender la energía hidráulica, de centrales amortizadas, al precio del gas que se ha multiplicado por cinco hasta más de 110 euros el MWh, frente a los 22 euros MWh que costaba hace un año. Iberdrola es la empresa más favorecida del sector por ser la que disfruta de más concesiones hidráulicas. Esta situación cambiará sustancialmente tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno de coalición que ha logrado por primera vez que la Unión Europea acepte poner un límite a la irracional aplicación del sistema marginalista. El acuerdo supone topar el precio del gas en torno a un máximo de 50 euros el MWh.
Pero quizá el factor más determinante del fulgurante éxito de Iberdrola y las eléctricas en general se debe a la asimetría de la información existente entre las compañías y los consumidores. O entre los “tontos” consumidores y los listos ejecutivos. Ocurre también en otros mercados como el financiero en que el consumidor se encuentra en una clara situación de inferioridad respecto al empresario “en lo referido tanto a la capacidad de negociación, como a nivel de información”. Una realidad que ha llevado a la UE a aprobar numerosas directivas para proteger a los consumidores y compensar este desequilibrio, pero cuya aplicación va con mucho retraso en nuestro país.
La falta de información de los consumidores en el mercado eléctrico es una realidad de la que tiene plena constancia la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC). Según este organismo tres de cada cuatro hogares desconocen la diferencia entre la contratación de electricidad en el mercado libre o en el mercado regulado. Y un 22% ignora la potencia incluida en su contrato de electricidad.
La realidad es que muchos ciudadanos no tan sólo desconocen la tarifa que tienen sino las que les ofrecen. Los hogares son bombardeados intensamente por multitud de llamadas telefónicas por parte de empresas intermediarias desconocidas para ofrecerles “una mejora de la tarifa” sin muchos detalles. Los que aceptan la oferta, una de las distintas del sistema libre ofrecidas por las empresas, luego les será extremadamente volver al sistema regulado.
A la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, (PVPC), que fue establecida por el Gobierno, están acogidos unos 11 millones de hogares, un 38% del total. Según las organizaciones de consumidores (OCU y FACUA) históricamente ha sido la opción más barata y es la que permite beneficiarse del bono social eléctrico a las familias pobres. Por su parte, las compañías eléctricas han impulsado los contratos en el mercado liberalizado a precio fijo que utilizan 18 millones de familias (62%).
Las compañías han desplegado infinidad de recursos para convencer a las familias para que se pasen del sistema regulado al libre, por ser el que les proporciona los mayores beneficios. La realidad es que están consiguiendo este trasvase de clientes. El año pasado 1,25 millones de clientes (el doble que en años anteriores) pasaron del mercado regulado al libre de precio fijo. El mal funcionamiento coyuntural del mercado regulado debido al disparo de otro precio del gas ha favorecido estos cambios.
En este proceso y en todo lo relacionado con la información las compañías se comportan con una gran opacidad, la necesaria para que los clientes entienda los aspectos básicos del mercado lo que permite muchos atropellos. Por falta de información y otros abusos la CNMC ha sancionado varias veces a Iberdrola. En 2015, la eléctrica fue multada con 25 millones de euros “por la manipulación del precio de la energía eléctrica, considerada una una conducta muy grave”. El asunto, no obstante, sigue pendiente de los tribunales. En junio de 2021, Iberdrola fue sancionada con 1,3 millones de euros por incumplir las medidas de protección al consumidor al cambiarles la tarifa de forma automática sin informarles que suponía un aumento del 14%.