Artículo original publicado en CatalunyaPlural.
Hace 15 años, durante la primera legislatura de Zapatero, se aprobó en el Estado español la ley 3/2007, que regulaba el cambio de nombre y mención de sexo en los documentos oficiales de las personas trans. Aquello fue vendido como un gran adelanto social, dentro de la lógica de las leyes de ampliación de derechos de aquella legislatura 2004-2008, pero en realidad fue una victoria de una manera muy concreta de entender las realidades trans. La ley exigía un diagnóstico de disforia de género certificado por un psicólogo y llevar dos años de hormonación para poder acceder a estos cambios registrales. Dicho de otro modo, te exigía que te declararas enfermo y te ajustaras a una manera muy concreta de entender qué es una persona trans, mediante cambios físicos (hormonas, operaciones, etc.).
Esta ley nacía con problemas graves y, con los años, ha quedado obsoleta. Por el camino ha pasado de todo: el movimiento trans no ha dejado de luchar por la despatologización, se han ido aprobando leyes LGBTI y trans en muchas comunidades autónomas, casos muy mediáticos pusieron en el centro del debate a los menores trans y se produjo la fractura, impensable hace unos años, entre un sector del feminismo y los movimientos trans y LGBTI. Sin embargo, si nos paramos a analizar estos adelantos en materia de derechos y su concreción material en la vida de las personas LGBTI y, concretamente, en la de las personas trans veremos los estrechos márgenes en que se mueven. Desde hace 15 años, la gran mayoría de adelantos en materia de derechos trans se han centrado en facilitar los cambios de nombre y sexo registral en el DNI y la gran mayoría de avances en materia de derechos LGBTI en perseguir la LGBTI-fobia y exigir más penas económicas o de prisión. Aun así, cuando una ley se piensa para un sujeto colectivo, sea este “la mujer”, “el colectivo LGBTI” o “el colectivo trans”, acaba por ser pensada para un prototipo de mujer, persona LGBTI o persona trans, generalmente de clase acomodada, blanca, no-migrante… Estas leyes no son la excepción: mientras unas pocas personas han visto solucionados sus problemas con un mero cambio en la documentación, las personas LGBTI migradas siguen sin poder acceder a los beneficios de esta ley ni a otros por el tope que supone la injusta Ley de extranjería. De igual manera, las mujeres trans que se dedican a sectores de la economía informal como por ejemplo el trabajo sexual siguen perseguidas y precarizadas, las mujeres LBT de clase trabajadora siguen sufriendo un reparto desigual de la riqueza y la feminización de la pobreza…
Decía el activista trans Dean Spade en una entrevista que, aunque parezca contraintuitivo, cualquier ley que ayude a reducir el número de policías o que ayude a reducir las sanciones penales por ser pobre o consumir drogas, serían leyes más beneficiosas para la mayoría del colectivo trans. Se da la circunstancia en Catalunya que el mismo Gobierno de la Generalitat ha emprendido dos iniciativas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado, redactar y aprobar una ley trans catalana. De la otra, poner en marcha un plan piloto para implementar una Renta Básica Universal en Catalunya. Del contenido de la primera poco se sabe de momento. Parece que gran parte del peso de esta ley lo volverán a tener las circunstancias y las burocracias a las que se tengan que enfrentar o no las personas trans para cambiar su nombre y género en documentos oficiales. El movimiento LGBTI catalán ya está alertando que no aceptará una ley meramente cosmética y está exigiendo medidas reales en los ámbitos educativo, laboral, de la salud y de la vivienda. Si los movimientos trans toman esta lucha, la ley trans catalana se puede convertir en el inicio de un camino para recoger las demandas y necesidades de todas estas clases populares LGBTI olvidadas por legislaciones anteriores. En este sentido, el desarrollo de una Renta Básica Universal puede ser una herramienta clave de redistribución de riqueza, de garantía de vidas libres de violencias económicas para las más precarias y de reconstrucción de los vínculos comunitarios y las redes de solidaridad que han permitido históricamente a las personas LGBTI sobrevivir en entornos hostiles. Si ante las trampas identitarias apostamos por la libertad incondicional, estaremos dirigiendo el movimiento LGBTI hacia posiciones transformadoras, pero para lo cual nos tendremos que preguntar quién necesita qué en el colectivo LGBTI.