En los dos últimos años de pandemia, la defensa del derecho a la vivienda, en el marco de una gran crisis sanitaria y social, viene topándose con los muros de siempre, fuertemente apuntalados por ese ente sin rostro, pero con tentáculos muy largos, que llamamos mercado. El pasado mes de diciembre vimos cómo la iniciativa legislativa popular por una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, presentada por varias organizaciones sociales en el Parlamento español quedó sin posibilidad de tratamiento y debate en sede parlamentaria, por obra y gracia de quienes dicen ser los representantes del pueblo. En eso de vetar (y callar) la iniciativa ciudadana en una cuestión tan trascendente como el derecho humano a la vivienda, PP, VOX y PSOE no parecen tener diferencias. Mejor “lo arreglan” entre ellos.
Paralelamente, justo un día antes, el 13 de diciembre, pero con nula trascendencia mediática en nuestro territorio, vencía otro plazo de tanta o mayor trascendencia para la defensa de este derecho, que podría llegar a tener un impacto no sólo sobre la voracidad del mercado, sino también sobre la capacidad misma de hacerle frente en el nivel local. Me refiero al plazo para presentar alegaciones a la Iniciativa de Regulación Europea de los alquileres de corta duración (short term rentals). Y es que ese ente sin rostro sabe muy bien cómo operar silenciosamente y persuadir a los actores clave en varios frentes a la vez.
Quienes, como yo ahora, habitamos Barcelona, sabemos que una voluntad política municipal firme posee un limitado pero cierto margen para poner coto a procesos expulsivos y de gentrificación, vinculados a la especulación inmobiliaria y que afectan directamente a las condiciones de acceso a una vivienda digna. Procesos que van en paralelo a la mercantilización de la vivienda como instrumento financiero de obtención de renta y de la turistificación de las ciudades a modo de nuevas minas para una economía extractiva. Herramientas como el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico) de Barcelona han puesto en evidencia que es posible hacer frente a estos procesos en el nivel local, a pesar de las limitaciones de competencia y de recursos. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, entre 2016 y 2020 este municipio ya había recuperado para uso de vivienda 1.982 de los pisos que se ofrecían como alojamientos turísticos.
Iniciativas de regulación europea como la arriba comentada, de aprobarse, podrían poner en peligro este tipo de herramientas locales, pero también podrían ser de ayuda si se hicieran en la línea de defender el derecho a la vivienda. Todavía no hace un año, tras la movilización de diferentes redes como la “Iniciativa Ciudadana Europea “Housing for All”, el Parlamento europeo aprobó una histórica Resolución sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos [2019/2187(INI)]. Ésta hacía especial referencia al impacto negativo de los alquileres turísticos en relación con los precios del alquiler residencial y a procesos de despojo que tornan inasequibles las viviendas para la población, así como el vaciamiento de los centros históricos de las ciudades y el deterioro de la habitabilidad en general. Por ello, se requirió a la Comisión Europea para que regulara los contratos de corta duración. Sin embargo, y en clara contradicción con el espíritu de dicha resolución, el informe emitido por la Comisión Europea (Inception Impact Assessment) para fundamentar la nueva propuesta de regulación, va en la dirección opuesta. Es decir, plantea una regulación para incentivar el alquiler de corta duración con una estricta orientación de mercado, buscando eliminar lo que denomina como “carga administrativa” de cada lugar, que genera “barreras de acceso al mercado” (eufemismo para referirse al control de licencias y limitaciones de nivel local).
En la era de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y la turistificación de las ciudades, ocurrida en paralelo al incremento de las desigualdades y al retroceso del poder adquisitivo de la clase trabajadora frente a la rentabilidad del capital, hoy en día las propuestas de regulación deben tener en cuenta, más que nunca, el fuerte componente transnacional y translocal que atraviesa estos procesos. La acción ciudadana debe articularse no sólo en el nivel local, como ha ocurrido con la plataforma Iniciativa Ley de Vivienda, la cual celebramos a pesar de su aparente “derrota”, por evidenciar el déficit y falencias de la democracia que llamamos “representativa”, sino también a otros niveles. La acción ciudadana, pues, debería aprovechar con la misma inteligencia la posibilidad de ocupar y reclamar para sí espacios de incidencia en el nivel regional, en este caso el europeo, porque el potencial impacto de lo que allí se juega y se decide es enorme.
Por eso, en esta línea de defensa de derechos fundamentales como es el del acceso a una vivienda digna, y quizá también para seguir alimentando el espíritu de rebeldía e inconformismo que debe mantenernos firmes y alerta en la lucha, quiero aprovechar esta ventana al mundo para comunicar y celebrar espacios de construcción colectiva e interlocal generados también gracias a la era digital. Me refiero a la iniciativa impulsada por la coordinación europea de la Alianza Internacional de Habitantes, que supo convocar en tiempo récord a organizaciones y referentes del entorno para informar, debatir y proponer una alternativa a la actual propuesta de regulación de alquileres de corta duración planteada por la Comisión Europea. Con la participación de personas expertas de diferentes ciudades, y más de un centenar de asistentes, la IAI (por sus siglas en inglés) realizó un encuentro virtual el pasado 10 de diciembre cuyo resultado fue la redacción de un compromiso conjunto para la regulación de estos alquileres, basado en los derechos humanos. Este texto ha sido remitido a la Comisión Europea dentro del período de consulta a organizaciones y administraciones locales, que finalizaba el 13 de diciembre. Tanto el encuentro celebrado como la propuesta pueden consultarse desde la página de Facebook de la IAI.
Todavía con el sabor amargo de lo ocurrido con la ILP española, es difícil mantener la esperanza en que las instituciones europeas escuchen el clamor de las organizaciones y la ciudadanía frente al poder de “persuasión” de los operadores del mercado inmobiliario. Pero en este tiempo de Matrix Resurrections, seguir fortaleciendo espacios de resistencia, articulación y encuentro ciudadano para democratizar instituciones, coordinando la incidencia política transfronteriza en defensa de derechos fundamentales y necesidades básicas, me sigue pareciendo imprescindible.