La recién aprobada Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a la exhumación de los combatientes contra el franquismo enterrados en el Valle de los Caídos. Un derecho que, pese a estar reconocido, no se ha podido ejercer en las inmediaciones de lo que es la mayor fosa común de España, construida por orden de Franco y en la que yacen los restos de más de treinta mil personas, un tercio de ellas enterradas de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias.
Sin embargo, recuperar los cuerpos de los republicanos que lucharon contra el régimen, así como otros avances que contempla la ley, no van a ser de fácil aplicación en un país rehén, todavía, de la nostalgia franquista. Y si no que se lo pregunten a las 104 familias que desde hace años ven como un entramado judicial y político obstaculiza su deseo despedir con dignidad a sus seres queridos, enterrados contra su voluntad en un gigantesco sepulcro que, hasta hace poco, gozaba del siniestro mérito de ser el monumento más grande de Europa dedicado a la memoria de un dictador.
A pesar de que hace seis años que el juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial, localidad en la que se alza el mausoleo, dio la razón a los familiares, lo cierto es que los cuerpos siguen abandonados y sin identificar. El motivo no es otro que la alianza fáctica entre el PP, al mando del Ayuntamiento de El Escorial, Vox, aliados necesarios de los populares en el consistorio, un grupo de organizaciones pro-franquistas y la propia justicia, que encontró en la licencia de obras el pretexto perfecto para ralentizar los trabajos de excavación en base al argumento de deñar el patrimonio nacional.
Esta maquinaria ultra derechista no se dio por vencida, ni siquiera, cuando el Tribunal Supremo decidió reactivar los trabajos en la cripta de Cuelgamuros. En ese momento, llovieron los recursos de la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los caídos y, más significativo todavía, la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica. Está última creada en 2021 estrictamente para pleitear en esta causa. Recursos que le han ido de maravilla a la alcaldía de El Escorial para llenarse de argumentos y paralizar la licencia de obras en lo que no es otra cosa que una estrategia de lawfare judicial.
Este bloqueo ilegítimo de la ley y el derecho no son un caso aislado. Los principios de verdad, justicia y reparación se han vulnerado de forma sistemática en España, que tampoco cuando ha tenido fuerzas progresistas en el poder ha sido capaz de saldar las cuentas pendientes con su pasado dictatorial. Lo que está sucediendo estos días en El Escorial es un aviso para navegantes de lo que podría ocurrirle al conjunto del Estado. De nosotros depende que fundaciones como la Francisco Franco se consideren ilegales, como marca la nueva ley de memoria, o por el contrario que sean sus principios los que se instalen en el Consejo de Ministros.