La subasta pública de cinco inmuebles procedentes de herencias vinculadas al Hospital Clínic de Barcelona ha generado tensiones y protestas por parte de vecinos y activistas. Este martes, decenas de personas se concentraron a las puertas del lugar donde se realizaba la subasta a fin de evitar la especulación y exigir que las propiedades se integren en el parque de vivienda pública de alquiler.
Protestas ante la subasta de inmuebles del Hospital Clínic
La subasta tenía como objetivo recaudar 12.750.000 euros por inmuebles situados en diferentes ubicaciones de Barcelona: Gran Vía número 534, calle Sardenya 361, pasaje Prunera 6, Navas de Tolosa 339 y Vallhonrat número 12. Sin embargo, los esfuerzos de los manifestantes lograron interrumpir temporalmente el proceso al entrar en la sala, aunque la puja finalmente se celebró.
Oportunidad de compra para Ayuntamiento y Generalitat
De los cinco bloques, dos quedaron sin oferta. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat tienen ahora la posibilidad de adquirir estos inmuebles al precio de salida. Para los otros dos, conservan el derecho de tanteo, pudiendo igualar cualquier oferta recibida. La situación ha destacado el impacto de la presión inmobiliaria en áreas como el Eixample y Sants-Montjuïc, donde la necesidad de vivienda pública es cada vez más urgente.
Vecinos preocupados por su futuro
Vecinos como Amanda han compartido su preocupación tras observar cómo inspectores examinaban su vivienda desde el exterior. Vivir en alquiler con precios que van desde los 600 hasta los 875 euros en condiciones cuestionables es una realidad que no se encuentra ajena a varias familias. Según el Sindicat de Llogaters, las acciones del Hospital Clínic, que incluyen la falta de renovación de contratos y aumentos de alquiler supuestamente ilegales, han llevado a la movilización de la comunidad afectada.
Resistencia vecinal contra la especulación
Más de cincuenta familias se ven actualmente amenazadas por estas subastas, y han decidido organizarse para resistir y defender sus hogares contra la participación de fondos buitre en estos procesos. Los inmuebles son percibidos por los residentes como parte del patrimonio público y su venta podría comprometer el derecho a una vivienda accesible.
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Foto: www.elperiodico.com