Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
La víctima ha lamentado que la institución religiosa no le haya pedido perdón por los hechos denunciados
El caso de Enrique M. Ferrer, víctima de abusos sexuales por parte de un miembro de los Salesianos de Huesca en los años setenta y ochenta, ha llamado la atención de la prensa por el protocolo que ha tenido que firmar para recibir una indemnización económica de 40.000 euros, tal y como recoge ElDiario.es.
Este protocolo, titulado ‘Protocolo de reparación para las víctimas de acoso y abusos religiosos’, establece una serie de cláusulas que obligan a las partes a mantener en secreto toda la información y documentación relacionada con el proceso de investigación, incluso después de su conclusión.
Asimismo, el documento establece una serie de indemnizaciones para las víctimas, que oscilan entre los 5.000 y los 40.000 euros, según la gravedad de los abusos sufridos.
La Inspectoría Salesiana María Auxiliadora ha asegurado que el sacerdote denunciado está llevando adelante un proceso de justicia restaurativa, pero no ha ofrecido detalles al respecto. Según el protocolo de reparación, todas las partes implicadas deben aceptar que el informe final de la investigación es inapelable e irrevocable ante cualquier instancia. Además, se establece que la confidencialidad y reserva serán preceptivas y subsistirán aun después de finalizar el proceso de investigación.
Enrique M. Ferrer ha mostrado su descontento con el protocolo que ha tenido que firmar, ya que le ha obligado a mantener en secreto toda la información relacionada con el proceso de investigación, incluso después de su conclusión. Ferrer ha lamentado que la institución religiosa no le haya pedido perdón por los hechos denunciados y que tampoco haya obligación de informarle sobre las medidas impuestas al sacerdote denunciado.
El protocolo ha sido coordinado por un despacho de abogados externo a los Salesianos. La congregación ha rechazado la responsabilidad de las cláusulas impuestas a Enrique y ha asegurado que acudieron a una entidad ajena para que prestara un servicio de mediación en un caso de abuso.
