El acuerdo para la reducción de jornada laboral está casi a punto, con sindicatos y Gobierno puliendo aspectos técnicos, mientras los empresarios aguantan, de momento, en la mesa de negociación. Con estos mimbres, ya se pueden despejar las principales dudas de todos los trabajadores.
Implementación de la nueva jornada laboral
Aunque los plazos no son aún definitivos, la intención del Gobierno es que en otoño la jornada laboral a tiempo completo sea de 38,5 horas y que las 37,5 horas lleguen en enero de 2025. Si nada cambia, el acuerdo de la mesa de diálogo terminará con una propuesta que deberá aprobar el Consejo de Ministros como proyecto de ley. Esto quiere decir que los grupos parlamentarios de Congreso y Senado deberán aprobarlo para que entre en vigor, y que podrán negociar algunos cambios durante su tramitación.
Beneficiarios de la reducción
El principal beneficiario sería el trabajador a tiempo completo que supere las 37,5 horas de jornada laboral. El Ministerio de Trabajo asegura que se trata de alrededor de 12 millones de trabajadores. También se verán afectados los asalariados a jornada parcial. Aquellos que no trabajen a tiempo completo y que tampoco reduzcan el número de horas, tendrán derecho a una subida salarial proporcional. Los empleados con jornadas completas de menos de 37,5 horas no se verán afectados.
Manteniendo el salario
La cartera dirigida por Yolanda Díaz ha dejado claro que la reducción de jornada no implicaría una reducción salarial. El salario bruto fijo anual que ya tienen pactado los trabajadores no se verá reducido de ninguna manera. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha sido categórico en este punto: “No caben medidas que reduzcan la jornada sin reducirla”.
Control de las horas extra
El límite máximo de horas extra no se ampliaría. Por lo general, este límite es de 80 horas extra al año, como marca el Estatuto de los Trabajadores. Ese máximo puede variar en función del sector, pero el acuerdo que prepara el Ministerio no lo ampliaría en ningún caso. De hecho, uno de los puntos del acuerdo es endurecer el registro horario para evitar el exceso de horas extra permitidas o que estas queden impagadas.
Impacto en la productividad y competitividad
Las empresas se muestran frontalmente contrarias a la propuesta porque consideran que reduciría la productividad. Según un informe de CEPYME, sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura se verían afectados con un coste directo de 11.792 millones de euros al año, y un valor perdido adicional de 30.602 millones, totalizando unas pérdidas de 42.394 millones de euros.
Ante estos argumentos, el Ministerio de Trabajo ha respondido que los avances tecnológicos compensan esa pérdida de productividad. Pérez Rey ha calculado las ganancias de productividad desde 1983, cuando se estableció la jornada máxima de 40 horas, en un 54%. Así, sentencia que “es imposible que esto suponga una cuestión apocalíptica”.
Otro punto a tener en cuenta es la competitividad de las empresas españolas con las de países del entorno, donde la jornada laboral máxima sigue en 40 horas semanales. Según datos de Eurostat, en España se trabajan de manera efectiva unas 36,3 horas a la semana en el empleo principal, más que en Italia (36h), Francia (35,8h), Alemania (33,9h) y Países Bajos (30,9h).
Foto: forojuridico.mx
