El aumento de los alquileres de temporada y habitaciones sigue siendo una tendencia alarmante en las principales ciudades catalanas. Según un reciente análisis de El Matí de Catalunya Ràdio, la mitad de los anuncios en portales inmobiliarios digitales ya son de temporada, tanto en Barcelona como en Tarragona y Girona.
Alquileres de temporada en auge
Este fenómeno se ha intensificado con la entrada en vigor de la regulación estatal de alquileres en Cataluña. Datos del portal Polis confirman que en Idealista, los contratos temporales ya representan el 42% del total de anuncios. Mientras tanto, un “no” de Junts en el Congreso de los Diputados ha impedido la tramitación de una propuesta popular redactada por los sindicatos de inquilinos, generando controversia.
Co-living y la transformación de espacios
El co-living también ha ganado terreno. Sandra, una inquilina expulsada de su hogar en el barrio de Collblanc de L’Hospitalet, relata cómo el piso donde vivía, con tres habitaciones, ha sido transformado en uno con cinco, deshaciéndose del comedor para añadir más espacios de alquiler. Las propietarias del edificio utilizaron burofax para notificar a las familias que no renovarían sus contratos, aprovechando la reciente ley de regulación de alquileres.
Desplazamientos forzosos y lucha vecinal
Diversos inquilinos afectados han alzado la voz en ruedas de prensa, como Marta, que lleva toda su vida en el barrio y teme perderlo todo. Otros inquilinos prometen resistir colectivamente, a pesar de las dificultades para negociar con las propietarias.
Vivir en la incertidumbre legal
El caso de Marc y Carmen Molina, que han vivido con contratos de temporada al margen de la ley, ilustra el nivel de precariedad. Marc y sus compañeros de piso pagan en efectivo y temen represalias, mientras que Molina y su amiga fueron sorprendentemente expulsadas y obligadas a pagar por un servicio de limpieza impuesto por los propietarios.
Esta situación refleja la creciente incertidumbre y vulnerabilidad que enfrentan los inquilinos en Cataluña, y la urgente necesidad de medidas efectivas que protejan sus derechos frente a los intereses inmobiliarios.
