Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
La Ley de Vivienda recién desbloqueada en España se ha convertido en un nuevo episodio de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Los barones del Partido Popular se han negado a aplicar una normativa que catalogan como un “chollo para los okupas”.
A pesar de que las competencias recaen en las autonomías, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros del Gabinete presidencial han advertido que cualquier texto que emane de las Cortes es de “obligatorio cumplimiento” y, por tanto, acatarlo “no es optativo”.
Desde Moncloa ya han avisado a los líderes regionales que el Estado tiene “mecanismos” para aplacar este acto de rebeldía, aunque no se ha especificado cuáles.
El Congreso ha aprobado la Ley de Vivienda por 176 a 164, 24 horas después de que el Gobierno lanzara una dura advertencia a las autonomías bajo el control del Partido Popular.
Los conservadores se han declarado en rebeldía contra una ley que catalogan como una “chapuza” y un “chollo para los okupas”. Sin embargo, los datos oficiales desmienten sus argumentos. El PP ha rechazado la ley y se ha centrado en iniciativas que giran en torno a la “construcción” de más viviendas.
La Comunidad de Madrid es una de las autonomías que ya ha avanzado que no implementará la Ley de Vivienda y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, catalogó el texto como “sectario” e “intervencionista”.
El Partido Popular argumenta que la ley “invade competencias”, ya que la vivienda está transferida a las autonomías. Aunque altos cargos del Ejecutivo regional aseguran que la Ley de Vivienda “no se cumplirá” en la comunidad, admiten que aún “hay que estudiar la ley” en profundidad antes de tomar una decisión final.
El gobierno, por su parte, mantiene el pulso a Ayuso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado que cumplir la Ley de Vivienda no es una cuestión “optativa”, y ha señalado que el Estado “siempre” tiene mecanismos para velar por el acatamiento de las leyes.
