
En la actualidad, son entre 400 000 y 600 000 las personas extranjeras en situación administrativa irregular viviendo en el territorio español, la mayoría de ellas en situaciones de extrema precariedad. La principal causa sigue siendo la actual Ley de Extranjería . Una ley discriminatoria y selectiva, que priva a la población migrante de los derechos más básicos, del acceso a la mayoría de los servicios públicos. Cuando el pasado 27 de julio del 2022, el BOE publicaba la noticia sobre la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, se generó mucha expectativa. Las entidades y los colectivos que llevamos años trabajando en el tema nos sentíamos por fin escuchados. Pero de pronto aparecieron dudas, zonas de sombras antes de que entrara en vigor y su implementación efectiva. ¿Qué podemos esperar de la reforma del reglamento de la ley de extranjería? ¿Quiénes son los beneficiarios de esa medida del gobierno?. Mientras esperamos poder aclarar las dudas, seguimos recogiendo firmas para la ILP.

Para poder optar al arraigo social en España, es decir regularizar su situación administrativa, un inmigrante ha de permanecer 3 largos años en el territorio demostrándolo con un padrón, no tener antecedentes, tener un contrato de trabajo 40h semanales… Estos son algunos de los requisitos.
Si la espera de cumplir los 3 años cada inmigrante lo afronta a su manera, y a su pesar, nadie se esperaba el abandono de esa gran parte de la población por parte del gobierno durante la situación caótica y en los momentos más complicados de la pandemia. Mientras que en Portugal, hasta el gobierno de Salvini regularizaba la situación de los inmigrantes, en España voces se levantaban a todos los niveles de la sociedad para pedir seguir el ejemplo de nuestros vecinos, pero el gobierno se quedó estoico. Recordad que ha habido regularización extraordinaria con Aznar en el pasado, eso sí, cuando se ha necesitado mano de obra en sectores específicos.
¿Qué pretende el gobierno con la reforma del reglamento de la ley de extranjería? Cubrir las ofertas de empleos en sectores claves de nuestra economía, la hostelería, la agricultura… Somos simplemente el capital económico, somos solo números. No hay que ser un genio para verlo. La deshumanización y la utilización de los cuerpos de inmigrantes es un hecho real. Real hasta el punto que nadie se pregunta, cómo una persona puede vivir 3 años en España sin recursos, le prohíben acceder al mercado de trabajo, y a las ayudas. No es casualidad si la mayoría termina recogiendo chatarra pateando las calles de las ciudades para poder comer, aunque sea una comida al día. Los que tienen más suerte, terminan recogiendo frutas a 2€ la hora en condiciones de semi-esclavitud, desprotegidos y obligados a dormir en chabolas, ya que nadie quiere alquilar un piso en este país a una persona racializada y si encima no tiene contrato de trabajo. Esa cruda realidad es el cotidiano de la mayoría de los inmigrantes que la actual Ley de Extranjería tiene algo que ver. Es una ley discriminatoria de la que unos cuantos se escapan. Los que tienen medio millón para comprarse un piso.

Me pueden llamar escéptico, pero a primera vista, esa reforma no dará una respuesta a las principales preocupaciones y necesidades de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Sigue una perspectiva capitalista, que ignora o vulnera los derechos de los inmigrantes.
Cuando redactaba este artículo, Mohamed, un activista retenido en el CIE de Barcelona está a punto de ser deportado a su país de origen, después de 30 años viviendo en España, y no es un caso aislado.
¿Dónde queda la responsabilidad de las administraciones, la modificación pondrá fin a ciertas prácticas?
El padrón sigue siendo el gran problema. Si municipios como Barcelona permiten empadronarse sin domicilio fijo muchos municipios se niegan a hacerlo.
El tiempo para presentar el arraigo social y laboral sigue largo. Los trámites son costosos, complejos, y suelen tardar demorar, al menos que las mafias te consigan una cita en la comisaría, no sé cómo pero lo consiguen, si no puedes estar días ver semanas o meses delante del ordenador.
¿Acabará con las violencias en la frontera sur, las deportaciones en caliente, o los controles por perfiles etnico-racial por parte de las fuerzas de seguridad? ¡Dudo!
¿La precariedad y la explotación de los inmigrantes dejará de existir? ¡Ojalá!
¿Recortará los plazos para homologar o convalidar los títulos, y facilitará el acceso a la universidades y centros de formaciones? ¡Por favor!
¿Hará efectiva la incorporación de personas de origine diversas en las administraciones públicas? ¡Seguro que no!
Las formaciones, no sé cómo serán, a qué precio, ni dónde, la documentación requerida, serán remuneradas… Tantas preguntas sin respuestas.
La verdad es que tengo muchas dudas y preguntas a las que no tengo respuestas. La situación post pandemia nos obliga a repensar y a priorizar nuestras políticas sociales. Lamentablemente, la modificación del reglamento de la Ley de extranjería no entiende esa realidad. Sesgada en la productividad, la Ley seguirá siendo discriminatoria a menos que tenga una visión de justicia social, y tenga en cuenta las necesidades básicas de las personas migradas. Desde el colectivo RegularizacionYa vemos imperativo una regularización extraordinaria y sin condición. Es la única forma de no dejar a nadie atrás. Y por eso seguimos recogiendo firmas para presentar ILP (Iniciativa Legislativa Popular) después de un primer intento con la PNL(Propuesta de No Ley) y la petición de la derogación de la misma Ley. Al día de hoy, necesitamos aún 143.000 firmas de españoles para llevar al congreso la iniciativa. Españoles os necesitamos, para que las personas en situación administrativa irregular puedan trabajar y cumplir con sus deberes, obligaciones y que vivan dignamente.