Durante los últimos años, en Barcelona, se ha generado un nuevo consenso sobre el papel del turismo en la ciudad. Un consenso amplio que quiere poner fin a la política de barra libre, promovida durante décadas a manos de gobiernos socialistas y convergentes. Queremos que nos visiten, está claro. Pero no queremos convertirnos en una ciudad de postal, sin alma y sin vecinos.
En este sentido, la gente de Barcelona tendremos un motivo más para celebrar esta navidad: la víspera de las fiestas, el Ayuntamiento aprobará la continuidad de la política estrella del gobierno de Ada Colau para frenar la especulación inmobiliaria y la masificación turística. Esta política se llama el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), pero se entendería mejor si se dijera El Plan Barcelona para Vivir o La Ley Chapa-BnBs.
Lo primero que hace este plan es proteger los barrios más perjudicados por el turismo masivo, impidiendo la apertura de hoteles nuevos. Es más: si un hotel se cierra en uno de estos barrios, se extingue su licencia, provocando así un decrecimiento natural. Así mismo, hace cuatro años que no se otorga ninguna licencia nueva para hacer pisos turísticos en Barcelona.
Todo esto se dice rápido, pero cuando se aprobó por primera vez en 2017, la política turística de Barcelona fue pionera en Europa. Fuimos una de las primeras ciudades que se atrevió a decir ‘basta’ a la barra libre del turismo masivo. Con esta política se priorizó la vivienda para los barceloneses sobre las plazas para turistas. Como ciudad hicimos una apuesta para caminar hacia una economía basada en la innovación y no en la especulación.
Aun así, esta política tan deseada por la ciudadanía generó una oposición feroz por parte del entramado especulativo-turístico que, desde el minuto cero, usó todas las herramientas a su alcance para defender sus beneficios millonarios. En el caso de Airbnb, la empresa bombardeó la ciudadanía con publicidad engañosa para hacer ver que la suya es una plataforma de abuelas que aprovechan la habitación de invitados para hacer intercambios culturales (cuando en realidad es una herramienta que promueve la especulación ilegal con un derecho básico). Al mismo tiempo que hacía esta guerra de marketing, Airbnb usaba su lobby europeo para intentar vencer las políticas de las ciudades de Barcelona, París y Ámsterdam desde Bruselas. Por su parte, la patronal hotelera recurrió al lawfare (la práctica de llevar la batalla política a los tribunales). De los múltiples recursos y querellas de los hoteleros contra la política turística de los Comunes, la mayoría se han acabado desestimando y archivando. Aun así, al 2019 uno de ellos prosperó y consiguieron tumbarla en el TSJC.
Es por eso que este nuevo acuerdo que revisa y enriquece el PEUAT es tan importante. En el contexto actual de pandemia, hay quien quiere aprovecharse de la bajada del turismo para volver al modelo caduco y depredador que apenas estábamos consiguiendo superar. Esta estrategia la hemos visto con el PEUAT y lo hemos visto con la propuesta de ampliación del aeropuerto. Ante este tacticismo cínico, tenemos que seguir defendiendo políticas de futuro. Un futuro donde Barcelona tenga una economía todavía más resiliente a los choques globales porque se basa en la innovación, la proximidad y la sostenibilidad social y ambiental. En este sentido, el PEUAT es un dique de contención imprescindible contra la mercantilización de la ciudad. Solo conservándolo podremos mantener la línea que nos ha costado manos y mangas ganar. Porque Barcelona no está en venta, pero siempre habrá quién quiere subastarla.