Un chat de Telegram llamado “Inversión en alquiler por habitaciones” ha generado indignación en redes sociales debido a las polémicas prácticas discutidas por sus miembros. Propietarios de viviendas compartidas han admitido incumplir normas de urbanismo y aplicar trucos para evitar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como su negativa a alquilar viviendas a familias, mujeres con hijos o personas de origen marroquí.
Incumplimiento de normas urbanísticas y de arrendamientos
En el chat, los propietarios confiesan incumplir normas de urbanismo y buscar formas de evitar las regulaciones de la LAU. Alegan que el modelo de alquiler por habitación permite mayor libertad en los acuerdos con los inquilinos, obviando los derechos de los mismos. Según un usuario, muchos optan por este tipo de contrato para subir el precio del alquiler sin restricciones, lo que aumenta significativamente sus ingresos.
Discriminación en el alquiler
Varios miembros del chat han admitido abiertamente su negativa a alquilar a familias, mujeres con hijos y personas marroquíes. Capturas de pantalla de los mensajes muestran que algunos propietarios incluso mencionan no alquilar a marroquíes ni gitanos, tachando estas prácticas como racistas y xenófobas. La selección de inquilinos se basa en criterios más allá de la solvente económica, discriminando a ciertos perfiles.
Reformas ilegales y pagos en B
Las discusiones en el chat también revelan que muchos propietarios recurren a reformas “chapuza” para maximizar la capacidad de las viviendas, sin pasar por los permisos pertinentes. Además, varios miembros del grupo señalan la práctica de cobrar parte del alquiler en B, evitando así declarar la totalidad de los ingresos obtenidos.
Subida de precios descontrolada
El precio medio de las habitaciones en alquiler ha subido un 30% en la última década, alcanzando los 645 euros mensuales. El modelo de alquiler por habitaciones, según los propietarios, permite elevar todavía más estas tarifas, especialmente cuando se eluden las regulaciones legales que limitan el aumento de los precios.
Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha publicado las conversaciones en redes sociales, estas prácticas demuestran las estrategias utilizadas por los propietarios para exprimir a los inquilinos y aumentar sus ganancias a expensas de la legalidad y los derechos de los arrendatarios.
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