Artículo original publicado en: Contrainformacion.es
El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de la Comunidad de Madrid que regula el apoyo a las personas adultas con discapacidad, alegando que invade competencias del Estado y limita los derechos regulados en la ley de eutanasia, una norma estatal que permite la ayuda médica para morir.
La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, anunció el recurso en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Según Rodríguez, la norma autonómica “realiza una injerencia en materia reservada a ley orgánica y se produce una quiebra del principio de seguridad jurídica”. Además, la ministra explicó que la ley madrileña limita los requisitos para acceder a los derechos que garantiza la ley de eutanasia, lo cual vulnera la norma estatal en vigor.
La ley madrileña, que entró en vigor en febrero, obliga a las personas con discapacidad a obtener una autorización judicial para recibir la ayuda a morir, incluso si han suscrito con anterioridad el testamento vital, el documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas, según recoge la cadena SER.
El Gobierno central considera que imponer el aval de un juez es añadir un requisito adicional que vulnera la ley de eutanasia, avalada por el Tribunal Constitucional, e invade competencias exclusivas y de coordinación que corresponden al Estado.
El recurso presentado por el Gobierno implica la suspensión provisional de la ley madrileña hasta que el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto. Según la ministra Rodríguez, esta medida es necesaria para garantizar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
El anuncio del recurso ha generado críticas por parte de algunos sectores políticos, que consideran que el Gobierno central está vulnerando las competencias de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la legalidad de la ley madrileña.
Diversas organizaciones de personas con discapacidad han celebrado el recurso presentado por el Gobierno y han denunciado que la ley madrileña vulnera los derechos de este colectivo al imponer requisitos adicionales para acceder a la ayuda a morir. Según estas organizaciones, la ley estatal de eutanasia garantiza este derecho a todas las personas que cumplen los requisitos establecidos en la norma, sin excepción alguna.
En definitiva, el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la controversia existente en torno a la ley madrileña que regula el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Aunque la norma autonómica busca garantizar la protección de este colectivo, el Gobierno central considera que limita los derechos regulados en la ley de eutanasia y vulnera las competencias del Estado.
