En un golpe directo a la persecución jurídica hacia los líderes progresistas, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y dos miembros de su equipo han visto archivada por completo la denuncia interpuesta en su contra por el fondo buitre Vauras. Según la jueza Carmen García, los cargos levantados se debían enteramente a discrepancias de índole político y no a un acto delictivo cometido por los concejales.
Los hechos alegados por Vauras consistían en acusar de coacciones a la exalcaldesa y a su equipo en un conflicto por el desalojo de familias vulnerables de uno de los edificios de la empresa. Sin embargo, tras un intenso proceso de investigación, queda claro que los ediles no incurrieron en delito alguno y que las acusaciones levantadas carecían de pruebas sólidas.
Uso inadecuado del sistema judicial
De una manera contundente, la jueza García ha reprochado al fondo buitre Vauras el uso de la vía penal para resolver diferencias netamente políticas, dando a entender que considerar la actuación de un político en su profesión como motivo de querella no es más que una artimaña con fines mediáticos.
La exalcaldesa Ada Colau nunca participó en las reuniones en las que supuestamente habrían ocurrido las coacciones, ni tampoco intervino en los expedientes sancionadores al fondo, descartándose así cualquier posibilidad de que hubiera comandado este supuesto acto delictivo.
Lawfare: strategia de acoso contra un gobierno progresista
Este caso ejemplifica una tendencia preocupante hacia la judicialización de las disputas políticas en el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Colau, el conocido como lawfare. El uso de querellas penales como herramienta de presión contra políticos con una visión diferente evidencia lo lejos que están dispuestos a llegar algunos intereses económicos y empresariales para intentar desacreditar a un gobierno de izquierdas y progresista.
El fracaso de Vauras
A pesar de las presiones y tácticas intimidatorias, es claro que el intento de Vauras de desacreditar a Colau ha fracasado rotundamente. No obstante, la exalcaldesa y su equipo tienen todavía tres causas pendientes en proceso de instrucción. Es de esperar que también se archiven en el corto plazo pero la exalcaldesa se pregunta cuál habría sido el resultado de las últimas elecciones municipales (en las que se quedó a pocos votos de revalidar el gobierno) si no hubiese tenido que librar esta guerra judicial.”En las últimas elecciones, el actual alcalde del PSC obtuvo un concejal más con solo 141 votos más que nuestra candidatura. ¿Qué habría sucedido sin todos los titulares de ‘lawfare’ y mi imagen yendo a declarar al juzgado en los medios de comunicación?”, ha declarado Colau, y ha lamentado que los autores de ‘lawfare’ queden impunes.
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