La desinformación sobre las personas extranjeras que viven en España ha crecido en los últimos años, con afirmaciones sin contexto o evidencias, tales como que acaparan la sanidad pública o reciben más ayudas sociales. Estos bulos han sido desmentidos en el último informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, un órgano formado por instituciones públicas, asociaciones de migrantes y entidades sociales que trabajan para su integración.
La publicación anima a hacer frente a este tipo de desinformación con datos verificados de fuentes oficiales o poniéndola en relación con otras circunstancias que hacen que estas afirmaciones pierdan su sentido. Durante la presentación del informe, el vicepresidente del Foro, Vladimir Paspuel, alertó sobre el aumento de los discursos racistas y xenófobos, poniendo como ejemplo incidentes de discriminación que él mismo ha sufrido.
Población migrante en España
Uno de los bulos desmentidos por el informe es la tendencia a sobredimensionar la población migrante en España, situándola en una tasa superior al 25%. Según la Estadística continua de población del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2024 solo el 13,3% de la población en España tiene nacionalidad extranjera.
El informe también llama la atención sobre cómo se percibe el término “inmigrante” en la sociedad y cómo este puede variar para incluir o excluir ciertas nacionalidades y personas según diferentes criterios.
Sanidad pública y población extranjera
El informe aborda la creencia errónea de que la población extranjera colapsa la sanidad pública. Según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, solo el 11% de las consultas médicas en el Sistema Nacional de Salud fueron realizadas por personas nacidas en otros países. Además, el porcentaje de población en edad de trabajar y cotizar a la seguridad social es mayor entre migrantes (78%) que entre españoles (63%).
Ayudas sociales y trabajadores migrantes
Otro bulo desmentido es que los migrantes reciben más ayudas sociales que los ciudadanos españoles. Según el informe de rentas mínimas de inserción 2021-2023, solo el 26,1% de los 305.340 titulares de estas ayudas tiene nacionalidad extranjera. Estas prestaciones requieren, entre otros, la residencia legal.
El informe también desmiente la idea de que los trabajadores migrantes quitan el empleo a la población autóctona. Al contrario, señala que la inserción laboral de las personas migrantes suele concentrarse en ocupaciones menos remuneradas y complementa la fuerza laboral local.
Solicitantes de protección internacional y empleo
El informe alerta sobre la desinformación que perjudica a los solicitantes de protección internacional en el mercado laboral. Algunas gestorías y departamentos de recursos humanos recomiendan no contratar a personas con cierto tipo de documentación por desconocimiento o falta de información. Sin embargo, dos directivas europeas y una sentencia del Tribunal Supremo avalan la capacidad de trabajo de estas personas.
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